Mediante un oficio de 8 páginas la defensa del ex Secretario de Comunicación, encabezado por el abogado Carlos Xavier Zavala, emitió críticas a los procesos que hoy enfrenta Fernando Alvarado, quien fugó del país el pasado fin de semana. El abogado defiende el derecho que tiene Alvarado de pedir asilo en otro país.
El abogado hace un repaso por el debido proceso, relata los hechos que ocurrieron en el mes de agosto, cuando se produjo la audiencia de formulación de cargos.
“Las dudosas razones esbozadas para su detención arbitraria fue para la obtención de información adicional y necesaria que coadyuven a la elucidación de los hechos que se investigan; información adicional y necesaria que hasta el día de hoy no existen, por cuanto jamás ni se hicieron más preguntas después de su versión libre y sin juramento; ni se obtuvo algún documento o hecho categórico y decisivo”, indicó.
Citó, además, que todo el tema inició en la recta final de la campaña por la consulta y referéndum.
“(Nuestra opción política era el NO, mientras el gobierno impulsaba el Sí́), entonces es cuando empiezan a llegar muchos casos que nuevamente había abierto la Contraloría General del Estado para auditar la gestión de mi defendido, esto después de nombrar a un Contralor “encargado””, recordó.
La defensa asegura que Alvarado fue auditado de forma continua durante los últimos 10 años, cuando Carlos Pólit era Contralor General del Estado.
Sin embargo, se arguye una supuesta argumentación política.
“Lo que sucede ahora es parte judicial de una estrategia de silenciamiento a su opinión pública, opción ideológica y participación en una organización política y activismo desde la ciudadanía”, indica el texto.
Zavala defiende el derecho que tiene su defendido de pedir asilo en otro país.
“Existen garantías dilapidadas y suprimidas, motivo por el cual mi defendido ha obtenido asilo político en país extranjero, al amparo de lo contenido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, establece el jurista.
Tilda, además, de injerencia a la justicia a la solicitud que hicieron las autoridades de Gobierno para que ex funcionarios del Gobierno de Rafael Correa sean impedidos de salir del país.
“La pusilánime exposición e intervención de los personeros del Ejecutivo del día de ayer (domingo), no solo desconoce lo establecido en el principio del imperio de la ley, sino también todos los derechos garantizados”, sostuvo.
El documento se pondrá en manos de la Corte Nacional de Justicia este martes 23 de octubre
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