La jueza de Guayaquil que liberó a ocho sospechosos no volverá a conocer procesos penales mientras es investigada. Ayer 28 de agosto del 2019, el Consejo de la Judicatura anunció esta decisión e informó que abrió el proceso administrativo. Según la entidad, este tiene como propósito “determinar posibles infracciones disciplinarias” si se comprueba que la funcionaria judicial actuó de forma negligente.
Hasta que exista una resolución, la jueza trabajará en otra unidad.
Esta medida cautelar también se tomó luego de la que Policía presentara una queja por la decisión de la funcionaria judicial.
En el Departamento de Defensa Institucional de la Policía hay preocupación por estas decisiones. La liberación de personas sospechosas “menoscaba el trabajo de investigación”, señala un alto oficial de la entidad. Por otro lado, “los policías se exponen a ser demandados por la gente que es liberada”.
En el caso de los ocho sospechosos liberados, dos volvieron a prisión 48 horas después de la orden de excarcelación. La Policía informó que, después de recuperar la libertad, dos integrantes de ese grupo acudieron hasta la casa de una mujer, en Guayaquil, y la golpearon.
Esto ocurrió el pasado 23 de agosto. Según el parte, los hombres creían que el hijo de la mujer los había delatado y amenazaron con secuestrarla.
Para Patricio Vargas, jefe policial del cantón Yantzaza, en Zamora Chinchipe, la liberación de detenidos genera otros problemas para los policías. Dijo que los capturados, al recuperar su libertad, amenazan hasta de muerte a los agentes.
El domingo último, el oficial había acudido a dos audiencias de flagrancia para respaldar el trabajo de sus subalternos, tras la detención de dos sospechosos por los delitos de recepción de artículos robados y hurto. Al finalizar la primera diligencia, el juzgador impuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Esto hizo que Vargas pidiera una explicación de la decisión, pero el magistrado le indicó que no era momento de receptar versiones. El hecho fue grabado.
Técnicos del Departamento de Defensa Institucional llegaron ayer a Zamora Chinchipe, para brindar atención legal en este caso y recopilar información. Ese departamento maneja 141 denuncias penales y 19 causas jurisdiccionales únicamente en la Zona 8, que agrupa a Guayaquil, Durán y Samborondón.
322 policías son defendidos por los técnicos en lo que va del año. En esa zona, los sospechosos han presentado acciones por daño a la moral, daño al bien ajeno y hay una denuncia por un supuesto intento de asesinato. El comandante de la Zona 8, Carlos Mera, ya se quejó por la liberación de sospechosos el pasado 21 de agosto.
Ese día, cuatro hombres que se hacían pasar por guardias de seguridad fueron capturados en el norte de Guayaquil. Portaban armas de fuego y se movilizaban en un vehículo con placas alteradas. Los sospechosos fueron detenidos el fin de semana anterior y recobraron la libertad días después.
“Hasta donde tengo conocimiento, los cuatro detenidos presentaron un documento laboral de una agencia de seguridad. Cuando los señores no tenían una identificación de dicha agencia y estaban en un auto robado. Esto causa indignación”, dijo.
No son solo los sospechosos los que interponen acciones legales en contra de la Policía. Vargas está a la espera del inicio de un proceso en su contra.
Él fue señalado por el juez multicompetente del cantón Yantzaza por una supuesta “perturbación y obstrucción de la justicia”.
Diario El Comercio