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miércoles, 24 abril, 2024

Jubilados se manifiestan sobre propuesta de reforma en el IESS

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Representantes de la Confederación Nacional de Jubilados rechazaron este lunes 15 de abril de 2019 la propuesta del presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS), Paul Granda, de analizar el incremento de la edad de jubilación en el país. Además, condicionaron su participación en el diálogo por el Acuerdo Nacional por la Seguridad.

Granda propuso que a través de un diálogo se analice este tema, considerando que la esperanza de vida en el país se ha elevado. Actualmente la edad prevista para cumplir ese trámite es 60 años.

“Primero queremos mejores condiciones en el Seguro Social Campesino. Le pedimos al señor Granda que para hacer esto que ha planteado debemos sentarnos en la mesa y discutir, y de ahí decidir si hacemos el acuerdo nacional”, señaló Rómulo Quimis, del Seguro Social Campesino.

La Confederación Nacional de Jubilados exigió, además, que se investiguen los hechos de corrupción dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Según la organización, Granda debe hacer una investigación exhaustiva sobre la corrupción que se dio en el Seguro Social porque existen hospitales sobrevalorados y debe eliminarse una resolución que creó más de 2.300 puestos del nivel jerárquico superior, dando puestos solo a políticos.




Remigio Hurtado, representante de los servidores públicos, pidió un cambio de dirección en el IESS. “El IESS debe ser despolitizado. No debe ser el Gobierno el que ponga directamente un vocal”, apuntó.

Julio Veloz, representante de los jubilados y pensionistas de Monte Pio también solicitó el pago de $ 900 millones correspondientes al Bono de Incentivo Jubilar, pago que dejó pendiente el anterior Gobierno.

“Es un incentivo que creó el Gobierno de (Rafael) Correa para tener apoyo de los profesores y personas que se iban jubilando. En la actualidad hay 12 mil personas que están reclamando desde 2008, pese a que la Asamblea les dio la razón”, dijo.

El último año el Estado asignó $ 260 millones para el pago de bonos de retiro, como parte de la deuda que dejó el anterior Gobierno. (I)

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