La Fiscalía General del Estado informó este jueves 7 de febrero del 2019 de la detención en Ecuador de ocho policías en servicio activo para investigaciones por su presunta participación en el delito de “asociación ilícita para cohecho y concusión”. La detención se hizo a través del operativo denominado ‘Centinela’, liderado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha.
Cuatro policías de la Subjefatura de Tránsito del cantón Mejía, fueron separados de la formación, retiradas sus placas y armas de dotación, para ser esposados. Otros dos fueron detenidos mientras estaban en labores de servicio, uno en el ECU-911 y el último en su día franco. Los ocho agentes se habrían asociado para solicitar coimas a los conductores a cambio de pasarles por alto infracciones y delitos de tránsito, o de permitir el paso de volquetas con carga proveniente de la minería ilegal, detalló la Fiscalía en un comunicado. El operativo fue liderado por el fiscal Francisco Vega.
Se ejecutaron 12 allanamientos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Santo Domingo de los Tsáchilas, precisamente en Quitumbe, Mejía, Santo Domingo, Riobamba, Latacunga, San Miguel de Los Bancos, donde se recabó información y documentación. Además, la Fiscalía señaló que este caso es investigado hace dos meses y medio. Se realizaron escuchas y seguimientos y se determinó que esta presunta red de corrupción estaría incrustada en las filas policiales.
Los funcionarios identificaban a quien cometía una infracción de tránsito y lo acercaban al patrullero para hacer el arreglo económico respectivo, para lo cual montaban operativos ficticios en el norte de Quito, Rumiñahui, Machachi, Tandapi, Alluriquín y Santo Domingo. Según las investigaciones de la Fiscalía, “extrañamente los 8 siempre aparecían juntos en las asignaciones de tránsito”. Para perfilar a sus víctimas habrían utilizado las cámaras del ECU-911. Tomaban información privilegiada, como el paso de un camión o volqueta cargada por determinado sector.
Con este dato previo, montaban un operativo ficticio, que no era comunicado al ECU-911, ni autorizado por la Policía Nacional. “Abordaban el vehículo, lo requisaban y si encontraban algún tipo de irregularidad, solicitaban dinero para evitar el procedimiento policial”, detalló el fiscal del caso. Asimismo, aprovechaban los accidentes de tránsito y no tomaban el procedimiento correspondiente o borraban las cartillas del ECU 911 para desaparecer el accidente. También habrían ingresado los vehículos a los patios de retención de la Policía Judicial y dejaban en libertad a los conductores, cuando estos ocasionaban lesiones a personas o conducían en estado de embriaguez.
De esta forma, a cambio de dinero ayudaban a quienes causaban los accidentes de tránsito, a veces los dejaban en casas de salud y retiraban sus pertenencias de los autos siniestrados para que queden como abandonados. Incluso modificaban los partes policiales, según detalla la investigación. Según las escuchas telefónicas se verificó que obtenían beneficios económicos entre USD 300, USD 500, USD 1 000 y USD 2 000, en cada caso. La Fiscalía formulará cargos por el delito de asociación ilícita en concurso real de infracciones con cohecho y concusión.
El Comercio