Alias Zobeida, quien tenía relación directa con Guacho, lideraba la red que involucra a siete militares y seis civiles, dijo el fiscal Álvaro Gaybor este jueves.
El operativo denominado Camaleón fue ejecutado en recintos militares de cinco provincias. Esta madrugada se dictó prisión preventiva para los 13 procesados, uno de ellos funcionario de la Comandancia del Ejército.
En la audiencia de formulación de cargos realizada esta madrugada, el juez de San Lorenzo, acogió en su totalidad lo solicitado por el fiscal Álvaro Gaybor de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) de la Fiscalía General de Estado y dictó prisión preventiva para 7 militares en servicio activo y 6 civiles, uno de ellos funcionario de la Comandancia del Ejército.
La Fiscalía procesó a las 13 personas por delincuencia organizada y tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas delitos tipificados en los artículos 369 y 362 –inciso segundo- del Código Orgánico Integral Penal, COIP, respectivamente.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, se trataría de una organización delictiva dedicada al abastecimiento de armas de fuego a grupos disidentes de la frontera norte, incluido el de alias “Guacho” quien a su vez, tendría un brazo operativo logístico de abastecimiento en la provincia de Esmeraldas específicamente en el cantón San Lorenzo.
Esta organización operaba con el personal militar de servicio activo encargado de los rastrillos (bodegas de armamento municiones y pertrechos) quienes proveían de municiones para armas largas y cortas a grupos irregulares, los cuales transportan el armamento en vehículos livianos y de transporte público, camuflándolo en productos comestibles hasta llegar a la zonas de frontera.
Para cometer el acto ilícito se alteraban los registros de la base de datos del sistema de inventarios logísticos del Ejército para justificar el faltante de armamento, municiones y pertrechos de sus rastrillos. Los integrantes de esta estructura delictiva cumplen sus roles definidos.
La detención de los procesados se produjo a través de un operativo dirigido por la Fiscalía, en el que 17 fiscales allanaron 18 lugares, 13 domicilios y 5 recintos militares en Loja, Guayas, Esmeraldas; y, la Comandancia General del Ejército en Quito.
La instrucción fiscal en este caso durará 90 días tiempo en el que la Fiscalía profundizará las investigaciones.