Venezuela perdió este lunes temporalmente su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU, a causa del impago de sus aportaciones. Las normas de Naciones Unidas establecen ese castigo para los países miembros que tienen pagos pendientes por una cantidad igual o superior a las contribuciones que les correspondían durante los dos años anteriores.
Lo mismo le había pasado a Venezuela el año pasado. Tras saldar parte de su deuda, había logrado recuperar el derecho a votar tiempo después. Es una incógnita si podrá conseguirlo ahora, que enfrenta una crisis de financiamiento mucho más profunda.
Stéphane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas, dijo que, a fecha 29 de enero, siete países estaban en la misma situación de Venezuela. Todos enfrentan crisis catastróficas: República Centroafricana, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Libia, Surinam y Yemen.
La ONU admite excepciones a su regla bajo condiciones específicas. Fue el caso de Comoras, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Somalia, que fueron autorizados a votar durante el actual periodo de sesiones a pesar de no haber abonado las cantidades correspondientes al presupuesto de la organización.
La crisis venezolana se agrava más y más a medida que pasa el tiempo. El Fondo Monetario Internacional había estimado en octubre de 2017 que el PIB bajaría 6% este año, pero el deterioro de todos los indicadores lo llevó a hacer un recálculo semanas atrás.
El nuevo pronóstico es que la economía venezolana sufrirá un desplome de 15% y una inflación de hasta 13.000%. De confirmarse esta previsión, el país sudamericano experimentaría una contracción de casi el 50% en los últimos seis años
El Fondo apuntó que este escenario en Venezuela es resultado de “significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados por el colapso de la exportación petrolera”.
Los títulos de deuda emitidos por Venezuela se encuentran técnicamente en situación de default, de acuerdo con una nota emitida el pasado 8 de enero por la Asociación de Corredores de Mercados Emergentes (EMTA, en inglés).
Estas obligaciones son consideradas desde ahora flat trading, es decir, que ya no interesan, y su precio es únicamente su solo valor nominal.
(Con información de EFE)