Luego de cinco años, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Un proceso que inició en 2014, cuando tuvo su primer debate, y que fue aprobado en segunda instancia en 2018, está listo para su vigencia.
El asambleísta, Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que revisó el informe no vinculante con respecto al proyecto de ley, indicó que la Corte Constitucional ratificó 24 de la 30 observaciones que hizo el Ejecutivo.
“En esta ley se definen con claridad las ocupaciones del Defensor del Pueblo y el funcionamiento de toda la institución. Además se plantea un modelo más desconcentrado. La Defensoría contará con delegaciones en cada provincia del país y se creará representaciones en los países de destino o tránsito en los cuales se identifiquen situaciones que amenacen o vulneren gravemente los Derechos Humanos de ecuatorianos en el exterior”, dijo Yépez.
Además, esta nueva ley propone que la Defensoría del Pueblo “vele porque el Estado cumpla las obligaciones de garantizar las condiciones para que las personas defensoras de los Derechos Humanos realicen sus actividades libremente”.
También, se busca “no impedir sus actividades (de los defensores); y evitar actos destinados a desincentivar o criminalizar su trabajo; a protegerlas si están en riesgo; y, a investigar y sancionar delitos perpetrados en su contra”.