El último accidente de tránsito registrado la semana pasada en Manabí, a la altura del poblado de Cascol, que dejó como saldo 13 personas fallecidas y 17 heridas, provocó nuevamente el debate sobre la inseguridad que se vive en las vías ecuatorianas.
Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en los meses de enero y febrero de 2018 se tiene contabilizadas 347 personas fallecidas y 3.106 personas con algún tipo de lesión a causa de los accidentes de tránsito. En ambas estadísticas la provincia del Guayas (Litoral) encabeza este registro.
En entrevista con esta Agencia, el presidente de la ONG Justicia Vial, Guillermo Abad, cree que “el siniestro de tránsito es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley”.
Agrega que esto se ve potenciado con la impericia o imprudencia del usuario de la vía, que se convierte en el detonante final que se necesita para que los niveles de accidentabilidad en el país sigan presentes.
A su criterio, la forma de corregir esta problemática es aplicando la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, algo complejo en el país, debido a que la misma no está elaborada conforme las necesidades que el transporte público y privado necesitan. Cree que la ley se ha incumplido apenas en un 50 por ciento.
Apunta a las autoridades encargadas de dirigir a la ANT en los últimos 10 años, quienes “prácticamente desobedecieron la normativa y estimularon su incumplimiento”, con la aprobación de reformas legales que eliminaban la obligatoriedad de realizar el curso para obtener una licencia no profesional, un “retroceso de 30 años”, en el país.
El no controlar a las escuelas de conducción, bajar de 2 años a 1, luego a 6 meses y terminar en cursos intensivos de fin de semana para tener un título profesional de conductor, considera que es una “aberración”.
Abad cree que las evaluaciones deben identificar a las personas que no estén en condiciones de conducir un vehículo y sacarlas de las vías.
Sostiene que apoya la evaluación pero pide una profundización en la misma, es decir, que una vez identificada la persona que no cumple los requisitos para tener un título profesional, se debe realizar un seguimiento y determinar en dónde se le otorgó el título y verificar si se lo entregó dentro del marco legal o fuera del mismo. Si se cumple esta segunda condición se deben aplicar las sanciones correspondientes.
Fabián Méndez, chofer profesional de la Cooperativa de Transportes Flota Imbabura, concuerda con la realización de una evaluación, que debe ser permanente y no únicamente cuando existen accidentes en las vías.
Con este criterio coincide Fernando Vinueza, chofer profesional de la Cooperativa de Transportes Loja, quien añade que uno de los aspectos en el que se debe poner énfasis por parte de las empresas de transporte, debido al esfuerzo físico y el estrés de la carretera, es el de trabajar con dos conductores cuando de cubrir largas distancias se trata.
Ciudadanos consultados mencionaron que la capacitación a los transportistas y peatones sobre el contenido de las leyes es importante; además creen que el endurecimiento de las penas deberían ser consideradas por las autoridades competentes.
Recalcan en la necesidad de que los conductores no deben caer en distracciones al estar detrás del volante, evitando el uso del celular, la ingesta de alcohol, el acompañamiento de parejas que contribuyen a la pérdida de la concentración.
Anotaron la necesidad de que todos los automotores, sean estos de servicio público o privado, deben ser revisados de forma periódica y minuciosa por las autoridades correspondientes y así reducir los índices de accidentabilidad que se registran en el país suramericano.
Después de una cadena de graves accidentes en diferentes partes del país, el presidente Lenín Moreno, en su último informe habitual de los lunes, planteó como alternativas: el endurecimiento a las medidas de control, la evaluación inmediata a cerca de 12 mil buses de transporte intra e inter provincial, utilización de la tecnología para monitorear acciones “temerarias” y el exceso de velocidad, así como la creación de unidades de servidores públicos, con capacidad de denunciar y detener delitos flagrantes, son algunas de los planteamientos del primer mandatario ecuatoriano.
Ft Andes7Aldia