Cada 12 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una iniciativa lanzada en 2002 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta fecha busca concientizar sobre la magnitud del problema y unir esfuerzos para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas.
Como señalan las Naciones Unidas, es una oportunidad para que gobiernos, empleadores, sindicatos, la sociedad civil y diversos actores locales colaboren en esta lucha crucial.
En 2022, el enfoque central de esta conmemoración fue «Protección social universal para poner fin al trabajo infantil», un llamado a invertir más en sistemas y planes de protección social robustos que salvaguarden a los niños de la explotación laboral.
Desafíos
A nivel internacional, el panorama del trabajo infantil sigue siendo alarmante. Según datos de la OIT y UNICEF de 2024, aproximadamente 160 millones de niños son víctimas del trabajo infantil, y de estos, cerca de 79 millones están expuestos a trabajos peligrosos que comprometen su salud y desarrollo.
El sector agrícola concentra el 70% de estos casos, seguido por los servicios y la industria. Las regiones más afectadas son el África subsahariana, Asia y el Pacífico, donde se estima que 9 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil residen.
En Ecuador, a pesar de la legislación vigente, el trabajo infantil persiste. Datos recientes del Ministerio de Trabajo (MDT) y la OIT indican que aproximadamente el 5% de los niños y el 13% de los adolescentes entre 5 y 14 años están involucrados en alguna forma de trabajo.
La mayoría de ellos se desempeñan en sectores como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Aunque la legislación ecuatoriana permite la contratación de personas a partir de los 15 años, siempre que se respeten sus derechos y se garantice su educación, muchos menores continúan expuestos a condiciones laborales que interfieren con su desarrollo y aprendizaje.
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Brechas
Ider Salgado, docente de la UISEK y experto en legislación laboral, destaca que la normalización del trabajo infantil en algunas zonas de Ecuador se debe a múltiples factores.
Salgado señala que la falta de una aplicación rigurosa de las leyes y una supervisión insuficiente de las condiciones laborales contribuyen a la persistencia de esta práctica. Además, la pobreza, la falta de acceso a una educación de calidad y la necesidad económica empujan a las familias a involucrar a sus hijos en el trabajo, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad.
Las brechas entre el marco legal y su aplicación son significativas. La falta de eficacia en la implementación de las normativas se atribuye a dos razones principales: la escasez de recursos y la falta de programas de reinserción y apoyo adecuados.
Salgado enfatiza que «solo el 12% de las denuncias por explotación laboral infantil terminan en sanciones, lo que refleja un sistema de justicia lento y permisivo». Asimismo, solo el 34% de los casos identificados reciben cobertura de programas de reinserción, dejando a muchos niños fuera del sistema educativo y en situación de vulnerabilidad.
