QUITO. El presidente Daniel Noboa y su gabinete de seguridad ratificaron la construcción de una nueva megacárcel con capacidad para 15.000 personas privadas de la libertad (PPL).
Esta obra, que iniciará su construcción entre finales de marzo e inicios de abril, busca ser el golpe definitivo al hacinamiento y al control que las bandas criminales han ejercido históricamente en las prisiones.
Infraestructura y «mano dura»
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, confirmó que la nueva infraestructura permitirá modernizar los sistemas de custodia.
«La seguridad no se improvisa», señaló el ministro, subrayando que este proyecto se suma a la ya operativa cárcel de máxima seguridad «El Encuentro», en Santa Elena.
Sobre esta última, Reimberg desestimó las críticas de sectores de la oposición, asegurando que los informes técnicos confirman que el centro cumple con todos los requisitos legales para albergar a figuras de alto perfil, como el exvicepresidente Jorge Glas y cabecillas de grupos de delincuencia organizada (GDO).
Además del nuevo complejo, el plan de reestructuración incluye:
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Reconversión de «La Roca»: La actual cárcel de máxima seguridad en Guayaquil será remodelada en un plazo récord de tres a cuatro semanas para convertirse en un centro exclusivo para mujeres.
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Inversión Tecnológica: Se destinarán 50 millones de dólares al ECU-911 y se incorporarán sistemas de identificación científica como IBIS y AFIS para rastrear armas y huellas con precisión.
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La ruta del dinero y el «brazo político»
El enfoque del Gobierno no se limita al despliegue de fuerza en las calles. El presidente Noboa fue enfático al señalar que los grupos criminales han funcionado como «equipos tácticos» de la corrupción política.
«Esta es una decisión firme para devolverles la paz. Tienen ante ustedes un presidente que no transa», afirmó Noboa EN UN VIDEO SOBRE EL PLAN DE SEGUGRIDAD 2026.
Por su parte, José Neira, director de la UAFE, reveló que gracias al apoyo internacional se han identificado flujos de dinero ilícito que financian a administraciones públicas descentralizadas y partidos políticos. La estrategia busca «asfixiar» la economía del crimen para que dejen de ser operativos.
Inversión en defensa
Para respaldar este control territorial, el ministro de Defensa, Gian Loffredo, detalló una inversión de 180 millones de dólares en equipo bélico y táctico que incluye:
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7 helicópteros y un buque logístico multipropósito.
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Radares 3D, drones de vigilancia y escáneres fronterizos.
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Modernización de los sistemas de inteligencia para prevenir ataques a infraestructura estratégica.
Con este despliegue, el Gobierno espera que en menos de dos años el sistema penitenciario ecuatoriano pase de ser un foco de crisis a un referente regional de control, marcando una línea roja entre el Estado y las estructuras que, según la administración actual, intentaron capturar las instituciones desde adentro.
