El Gobierno Nacional renovó por treinta días más el estado de excepción en las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro y Manabí, así como en el cantón Echeandía de Bolívar, debido a los altos índices de actividad criminal.
El Decreto Ejecutivo 175 que regula la norma justifica la renovación por la «grave conmoción interna» registrada en estas zonas. El texto recoge información periodística desde finales de septiembre hasta el 3 de octubre con noticias sobre inseguridad y violencia.
No baja intensidad
«A pesar de que el Gobierno ha recurrido a medidas extraordinarias para combatir la violencia, se evidencia la continuidad en la intensidad del accionar de los grupos criminales que causan zozobra en la población, así como la real ocurrencia de la problemática», dice el documento oficial.
La renovación del estado de excepción permite mantener operaciones conjuntas y garantizar la seguridad ciudadana, restringiendo de manera temporal derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
En ese contexto, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional «están autorizados para utilizar la fuerza en contextos de control del orden público, protección interna y seguridad ciudadana», aunque de manera excepcional y sólo durante la vigencia del estado de excepción.
A principios de 2024, Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas entonces por las estructuras criminales.
Otros estados de excepción por protesta indígena
La declaratoria se produce apenas dos días después de que el mandatario ordenara el estado de excepción en otras diez provincias del país por la radicalización de las protestas indígenas.
La decisión pretende «detener las situaciones de las medidas de hecho tomadas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, así como su radicalización, que se ha observado ha sido progresiva, evitando así mayor afectación a la población ecuatoriana», reza el decreto ejecutivo que regula la medida.
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Ecuador lleva quince días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 el galón (3,78 litros).
