La Asamblea Nacional aprobó la noche del sábado 7 de junio la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, un proyecto económico urgente impulsado por el Ejecutivo para hacer frente a las economías criminales.
La normativa recibió 84 votos a favor tras un extenso debate, en el que se incorporaron modificaciones importantes solicitadas por diversas bancadas, incluyendo el correísmo y Pachakutik.
La ley, considerada una herramienta fundamental para la política de seguridad del Gobierno, mantiene la controversial medida de los allanamientos sin orden judicial, siempre y cuando sean legalizados posteriormente por un juez en un plazo de 24 horas.
Además, endurece el tratamiento penal para los delitos perpetrados en el contexto del conflicto armado interno.
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Puntos clave
- Eliminación de detenciones sin orden judicial: Inicialmente, el proyecto contemplaba la detención sin orden judicial durante el conflicto armado interno. Sin embargo, este artículo fue eliminado. En su lugar, se establecieron nuevas reglas de juzgamiento para los detenidos en dicho contexto.
- Prisión preventiva y proceso expedito: La prisión preventiva se mantiene como medida principal. El proceso judicial se realizará en una sola audiencia, y si el procesado acepta los cargos, recibirá la pena mínima.
- Restricción de beneficios penitenciarios: Los sentenciados no podrán acceder a beneficios penitenciarios hasta cumplir con la reparación integral impuesta por la justicia.
- Indulto presidencial: Se modificó la disposición sobre el indulto presidencial. Este podrá ser anunciado por el Presidente de la República, pero solo será efectivo una vez dictada la sentencia.
Esta medida busca que policías y militares procesados por hechos vinculados a sus funciones no permanezcan detenidos durante el juicio.
- Depuración de la Fuerza Pública: El informe final incluye disposiciones para la depuración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, un aspecto no contemplado en la versión original del proyecto.
- Protección a víctimas del conflicto armado: Se añadió un capítulo enfocado en la protección de personas afectadas por el conflicto armado interno, con especial énfasis en la prevención del reclutamiento de menores por parte de grupos criminales. La implementación de estas medidas requerirá el aval del Ministerio de Economía.
La Comisión que tramitó el proyecto aprobó el informe por unanimidad, contando incluso con el respaldo de tres votos del correísmo, lo que anticipaba su apoyo en el Pleno.
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Tensiones políticas
A pesar de los consensos logrados en la Comisión, el Movimiento Plurinacional Pachakutik endureció su postura horas antes del debate en el Pleno. Su Consejo Político Nacional advirtió públicamente que expulsaría a los legisladores que votaran a favor del proyecto.
Esta decisión refleja las tensiones internas y la fragmentación en la Asamblea, buscando el bloque distanciarse del oficialismo y recalcar su oposición a los proyectos del Ejecutivo.
Por su parte, los asambleístas del bloque oficialista ADN defendieron la Ley de Solidaridad como una herramienta indispensable para enfrentar al crimen organizado.
Comisión de Desarrollo Económico
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, enfatizó que el país no busca negociaciones con bandas criminales, sino una respuesta firme de las fuerzas del orden y del sistema judicial frente al narcotráfico.
Stiven Ordóñez, también de la bancada oficialista, subrayó la urgencia del proyecto para desarticular la economía criminal y recuperar la paz en el país.
