Quito. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió por unanimidad suspender por 60 días sin remuneración al asambleísta Ronal González, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), por actos que “afectaron la institucionalidad parlamentaria”. La sanción, basada en el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y el artículo 6 del Reglamento para el Trámite de las Faltas Administrativas, responde a un incidente ocurrido el 26 de mayo, cuando González irrumpió en las instalaciones de la Asamblea utilizando un megáfono y profiriendo gritos ofensivos, como “¿Sí me escuchas, sinvergüenza?”, según la queja presentada por la legisladora Diana Jácome (ADN).
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, destacó que la decisión se tomó con “responsabilidad y apego a la normativa vigente”, subrayando la importancia de la ética y el respeto en el ejercicio legislativo.
En su cuenta de X escribió: hay reglas y también hay consecuencias. Hoy se impuso el respeto y se defendió la dignidad del Pleno. No permitiremos que el desorden regrese a la Asamblea Nacional.
La resolución incluyó la exposición de motivos de la queja, así como el derecho a la defensa de González, quien justificó su accionar como una protesta contra la supuesta restricción de intervenciones a los legisladores de RC en el pleno por parte de Olsen. Esta sanción marca la primera acción administrativa de este tipo en el actual período legislativo, destinada a evitar comportamientos que alteren el orden o el desarrollo de las sesiones.
Por otro lado, el correísmo enfrentó otro revés esta semana. El 12 de junio, el juez Santiago Altamirano declaró improcedente una acción de protección interpuesta por RC y el movimiento RETO contra Olsen, quien fue acusado de vulnerar derechos al no reconocer como bancada formal a un grupo de 18 legisladores liderado por Raúl Chávez. El magistrado determinó que no hubo violación de derechos y que el asunto corresponde al ámbito legislativo, archivando la demanda. Olsen había aplicado estrictamente los requisitos de la LOFL, que exigen pertenencia a una misma organización política para el reconocimiento de bancadas y la participación en el CAL.
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La suspensión de González y el fallo desfavorable para el correísmo reflejan un momento de tensión en la Asamblea Nacional, donde las disputas políticas y administrativas marcan la dinámica legislativa. Estas decisiones refuerzan el mensaje de que el respeto a las normas y la institucionalidad son prioritarios, aunque podrían intensificar las fricciones con la bancada de Revolución Ciudadana, que enfrenta limitaciones en su participación formal en el CAL.
