Con 74 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto urgente de Ley de Apoyo Humanitario para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En la moción de votación presentada por el presidente de la comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, eliminó todo el capítulo relacionado con las contribuciones de personas y empresas, que fue uno de los puntos que no permitían los acuerdos legislativos.
Pero se mantuvo los textos sobre las medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva; rebajas en las pensiones educativas privadas; la suspensión temporal del desahucio en materia de inquilinato; rebajas en costo del servicio eléctrico; facilidades de pago a la seguridad social; créditos productivos para la reactivación económicas; revisión de tasas de interés para la reactivación; reprogramación de pagos por obligaciones con entidades del sistema financiero; suspensión de la matriculación y revisión vehicular.
Además se mantiene en el texto las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, como la posibilidad de acuerdos para preservar el empleo; contrato especial emergente; reducción emergente de la jornada de trabajo; goce de vacaciones; prestaciones del seguro de desempleo; estabilidad de trabajadores de la salud; priorización de contratación a trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen local.
Igualmente, el proyecto contiene el capítulo relacionado con el concordato preventivo excepcional y medidas para la gestión de obligaciones para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de las crisis sanitaria; los acuerdos precontractuales de excepción.
A favor del proyecto votaron los legisladores de Alianza PAIS, CREO, parte del BIN y BADI y algunos independientes. Se registró 59 votos en contra que vinieron de los sectores del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, SUMA, Pachakutik y un voto del BADI. Por la abstención se pronunciaron cuatro legisladores uno de AP, dos ex CREO y uno del BIN.
El proyecto pasará a conocimiento del Ejecutivo quien tendrá 30 días para aprobar u objetar total o parcialmente lo aprobado por la Asamblea este 15 de mayo. (I)