Hoy, 8 de diciembre, se cumple un año de la desaparición forzada de Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo, e Ismael Arroyo, trágicamente conocidos como «los cuatro niños de las Malvinas».
Sus familiares continúan su dolorosa y firme lucha por obtener justicia, verdad, y reparación integral por este crimen que conmocionó a la nación.
Cronología
Los menores fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo de seguridad en el popular sector de las Malvinas, en Guayaquil.
La esperanza de sus familias se rompió el 24 de diciembre de 2024, cuando los cuerpos de los cuatro niños fueron localizados sin vida y con signos de tortura en las inmediaciones de una base militar en Taura, provincia de Guayas.
Proceso
A pesar del año transcurrido, las familias denuncian la lentitud y los obstáculos en el proceso de justicia. Sin embargo, se han dado pasos significativos:
A principios de año, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 16 efectivos militares, quienes actualmente están en prisión preventiva. En abril, se imputaron cargos adicionales a un coronel, sumando 17 sospechosos.
En octubre, los 17 militares fueron llamados a juicio. El proceso se encuentra actualmente en la etapa de presentación de alegatos finales, tras numerosas audiencias.
De forma paralela, la Corte Constitucional de Ecuador también está analizando estos crímenes de derechos humanos.
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Amnistía
La lucha de las familias ha recibido el respaldo de organizaciones internacionales. Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, expresó su profunda preocupación:
«Estamos ante un momento decisivo para la observancia de los derechos humanos en Ecuador. Estas desapariciones forzadas no solo conmocionaron profundamente al país, sino que también evidenciaron el fracaso de la política de seguridad del presidente Noboa… Las familias tienen derecho a la justicia, a la verdad y a una reparación integral.»
En septiembre de este año, Amnistía Internacional emitió el informe “Son militares, yo los vi”, documentando la desaparición forzada de 10 personas, incluyendo la de los cuatro niños.
El informe concluye que la estrategia de seguridad militarizada promovida por el Gobierno ha facilitado la comisión de violaciones graves de derechos humanos, consideradas crímenes de derecho internacional.
La impunidad persiste
La Fiscalía ha revelado cifras alarmantes: a septiembre de 2025, existía registro de 43 desapariciones ocurridas en la costa ecuatoriana en 2024 en el marco de operativos de seguridad de las Fuerzas Armadas.
Amnistía Internacional señala que el principal obstáculo para que las víctimas accedan a la justicia es la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones penales.
Un año después, el caso de los cuatro niños de las Malvinas se ha convertido en un símbolo de la urgente necesidad de fiscalización y rendición de cuentas dentro del sector de seguridad ecuatoriano.
