En los pasillos de los municipios de Ecuador, el sonido de las calculadoras no cesa. El Gobierno de Daniel Noboa ha puesto sobre la mesa una reforma legal que busca cambiar las reglas del juego financiero para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El objetivo es claro, pero ambicioso. Se busca obligar a que el 70% del presupuesto anual de estas entidades se destine estrictamente a inversión y obra pública.
Actualmente, el panorama es un desafío técnico y político. Mientras el Estado central lucha con un déficit fiscal crónico, las cifras revelan que gran parte del dinero que fluye hacia las provincias y cantones se diluye en el gasto corriente. Según datos del Banco Central, de los más de 5.400 millones de dólares que manejaron los GAD en 2024, apenas el 24% se transformó en infraestructura.
El escenario en Los Ríos: Quevedo y Babahoyo
Para cantones como Quevedo y Babahoyo, los motores económicos de la provincia de Los Ríos, esta reforma representa una encrucijada crítica.
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En Quevedo, una ciudad con un crecimiento comercial acelerado, la demanda de servicios básicos y vialidad es constante. Sin embargo, al igual que en otros municipios del país, equilibrar la pesada nómina municipal con la ejecución de obras de alcantarillado y pavimentación bajo el nuevo umbral del 70% requerirá una reingeniería administrativa profunda.
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En Babahoyo, la capital provincial, la dependencia de las asignaciones estatales suele ser alta. La advertencia del Ejecutivo es directa: si no se prioriza la inversión sobre el gasto administrativo, las transferencias podrían reducirse a los mínimos constitucionales, lo que dejaría escaso margen de maniobra para proyectos emblemáticos en la capital fluvial.
Un ultimátum financiero
La narrativa del Gobierno es que el dinero público debe servir para cerrar brechas de servicios básicos, no para inflar aparatos burocráticos. La propuesta de reforma al COOTAD establece que aquellos municipios que no alcancen la meta para el año 2029 verán recortadas sus asignaciones.
Incluso grandes metrópolis como Quito y Guayaquil, que en 2025 destinaron menos del 30% a inversión, están lejos de la cifra propuesta. Para Quevedo y Babahoyo, el reto es doble. Deben optimizar recursos en medio de la inseguridad y las emergencias climáticas. Además, intentan cumplir con una ley que los obliga a dejar de ser principalmente «pagadores de sueldos» para convertirse en constructores de desarrollo.
El debate en la Asamblea determinará si esta medida es el impulso que necesitan las obras locales o si se convertirá en un «ahogo» financiero para los municipios riosenses.
Los alcaldes Gustavo Barquet y Alexis Matute de Babahoyo y Quevedo respetivamente deberán bajar el número de trabajadores, para que la plata alcance.
