QUITO. En un despliegue operativo ejecutado la madrugada del miércoles 28 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Policía Nacional, llevó a cabo múltiples allanamientos en las provincias de Pichincha y Guayas. La diligencia se enmarca en el denominado «Caso Caja Chica», una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
La tesis que sostiene la institución apunta a una estructura que habría facilitado el ingreso de dinero ilícito en efectivo proveniente de Venezuela. Según las líneas de investigación de la Fiscalía, estos recursos habrían sido inyectados de forma irregular para el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Operativos y hallazgos
La fuerza pública intervino un total de cuatro inmuebles (tres en Pichincha y uno en Guayas). Entre los domicilios allanados se encuentran propiedades vinculadas a figuras políticas y exfuncionarios, incluyendo la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González, del exbinomio presidencial Andrés Arauz, y del asambleísta Patricio Chávez.
Durante las intervenciones, los equipos fiscales levantaron una serie de indicios que entrarán a cadena de custodia para su análisis pericial:
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Dispositivos móviles y memorias USB.
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Pasaportes y documentación personal.
El origen de la investigación
La Fiscalía fundamenta sus acciones en el rastreo de flujos financieros que no habrían sido declarados ante los organismos electorales. El enfoque del Ministerio Público no se limita al gasto electoral per se, sino a la tipicidad penal del origen de los fondos, presumiendo que el efectivo ingresó al país eludiendo los controles del sistema financiero formal para sostener operaciones proselitistas.
Aunque el movimiento Revolución Ciudadana ha calificado las acciones como «persecución política», la Fiscalía ha reiterado que sus actuaciones se basan en indicios técnicos y en el cumplimiento de una orden judicial debidamente motivada, subrayando que la etapa de investigación previa busca determinar la existencia de una red de delincuencia organizada transnacional.
Pronunciamiento de Luisa González
Ante estas acciones, la excandidata presidencial Luisa González calificó el proceso como una «persecución política» orquestada desde el Gobierno y el Ministerio Público. González fue enfática al negar cualquier aporte irregular, asegurando que su movimiento fue el único que presentó reportes de financiamiento transparentes ante las autoridades electorales. Además, cuestionó la legitimidad del operativo al señalar que este nació de una denuncia con reserva de nombre, y criticó la actuación del fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, sugiriendo una supuesta protección hacia aliados gubernamentales mientras se persigue a la oposición.
Por su parte, el asambleísta Patricio Chávez, cuya vivienda también fue intervenida, respaldó estas denuncias y calificó el procedimiento como «cobarde». Chávez denunció que, por orden fiscal, se incautaron los pasaportes de sus familiares, calificando el acto como un atropello al honor de su hogar. González concluyó su intervención responsabilizando directamente al Ejecutivo y a la Fiscalía por su integridad y la de su familia, tras denunciar la filtración en redes sociales de fotografías tomadas durante el allanamiento.
