LOS RÍOS. En una reciente declaración ante los medios de comunicación, el gobernador de la provincia de Los Ríos, Galo Lara, abordó la preocupación ciudadana por las muertes violentas registradas en lo que va del 2026.
La postura oficial de la Gobernación apunta a que no todas las víctimas son consideradas «muertos normales».
Antecedentes penales
Lara fue enfático al señalar que la percepción de inseguridad debe analizarse bajo los registros policiales. El Gobernador ha dispuesto que la Policía Nacional no solo informe el número de fallecidos, sino que desglose de manera obligatoria quiénes de ellos poseían antecedentes penales.
«Si usted no sabe que tiene antecedentes penales, entonces no le podemos declarar que es un muerto normal», afirmó Lara, sugiriendo que gran parte de la violencia actual responde a riñas internas entre Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).
Como ejemplo reciente, mencionó el suceso ocurrido en el cantón Quinsaloma, donde aseguró que las tres fallecidas contaban con historiales delictivos, vinculándolos directamente con estructuras criminales en conflicto.
Militarización del anillo vial de Buena Fe
Ante las denuncias de asaltos y robo de camiones en los ejes viales, el Gobernador aclaró que la problemática se ha desplazado. Defendió la gestión en el anillo vial de Quevedo, destacando su iluminación con 270 luminarias por orden del presidente Noboa, y anunció que la estrategia de seguridad se extenderá.
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Debido a los recientes incidentes, Lara confirmó que a partir de hoy, 26 de enero de 2026, se ha dispuesto la militarización del anillo vial de Buena Fe, buscando frenar el accionar de las bandas que operan en este sector estratégico para el transporte de carga.
Cifras
Pese a la cifra de muertes violentas, el Gobernador defendió la gestión del «Bloque de Seguridad» que arribó a la provincia hace 60 días, citando datos oficiales: 70% de reducción en delincuencia general; 53% de reducción en secuestros; 13% menos de robos a domicilios.
La autoridad concluyó que, aunque los índices de violencia existen, la transparencia sobre quiénes son las víctimas (si pertenecen o no a GDO) es clave para entender la inseguridad actual en la provincia.
