La provincia de Los Ríos está considerada entre las zonas que forman parte de esta nueva declaratoria de estado de excepción.
A finales de 2025, Los Ríos fue una de las más violentas de Ecuador, superando los 1.000 asesinatos y una tasa de más de 100 homicidios por 100.000 habitantes, con cifras actualizadas a noviembre que reportaban 1.041 casos (según medio nacional) y otros informes más tardíos mencionan 1.068 casos hasta principios de noviembre, con Babahoyo, Puebloviejo y Quevedo como cantones más afectados por la disputa entre grupos criminales como Los Choneros y Los Lobos.
El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el 31 de diciembre un decreto ejecutivo mediante el cual declaró el estado de excepción en nueve provincias y tres municipios del país, ante el incremento sostenido de la inseguridad y la violencia criminal. La medida tendrá una vigencia de 60 días y busca reforzar la respuesta del Estado frente al accionar de organizaciones delictivas.
El decreto establece que el estado de excepción regirá en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, se aplicará en los municipios de La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar.
Según el documento oficial, el Ejecutivo identificó una “dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia”, lo que evidencia la expansión territorial de la violencia y la necesidad de una acción estatal “integral, coherente y focalizada”. Entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de este año, en las provincias incluidas en la medida se registraron más de 1.200 homicidios, siendo Guayas la jurisdicción con mayor número de muertes violentas.
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El Gobierno señaló que cinco de las provincias y los tres municipios ya se encontraban bajo estado de excepción desde inicios de noviembre, por lo que el nuevo decreto amplía y refuerza las acciones de seguridad. Con esta decisión, el Ejecutivo busca contener la escalada delictiva y restablecer el orden público en las zonas más afectadas del país.
