Luego de una batalla legal que se extendió por más de una década, el capitán Diego Peñaherrera volverá a las filas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó el recurso de apelación presentado por el oficial, dejando sin efecto la resolución administrativa que le impidió retomar su carrera militar en 2013.
El Tribunal determinó que la FAE vulneró tres derechos fundamentales: la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho al trabajo. Con este fallo, la institución tiene un término máximo de 20 días para reincorporar a Peñaherrera al servicio activo.
El origen del conflicto
Peñaherrera, quien se desempeñó como jefe de seguridad de Anne Malherbe —esposa del expresidente Rafael Correa— entre 2007 y 2008, denunció haber sido víctima de una persecución política.
Su salida de la institución se precipitó en 2011 tras un informe de la Contraloría que señalaba un presunto uso indebido de municiones en un polígono de tiro en Napo. A pesar de que no existía una sentencia ejecutoriada, el Consejo de Generales Subalternos de la FAE procedió con su baja. No fue sino hasta 2017 que el Tribunal Penal de Napo ratificó su estado de inocencia, desestimando las acusaciones en su contra.
Reparación
La sentencia actual no solo ordena el retorno de Peñaherrera con el grado que ostentaba al momento de su baja, sino que obliga a la FAE a facilitar los mecanismos de ascenso.
El reintegro inmediato debe ser en un plazo de 20 días hábiles.
La FAE deberá permitirle realizar los cursos necesarios para ser promovido a los grados que le corresponderían por antigüedad, conforme a los reglamentos militares.
Un punto notable del fallo es que el Tribunal no ordenó el pago de las remuneraciones que el capitán dejó de percibir durante los 12 años que permaneció fuera de la institución.
Este caso se suma a los precedentes de miembros de la fuerza pública que han logrado revertir procesos de baja dictados durante la administración de Rafael Correa, alegando irregularidades administrativas y falta de garantías judiciales.
