En una jornada marcada por la tensión institucional, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy Naranjo, anunció este lunes 22 de diciembre que solicitará una licencia temporal.
La decisión busca, según sus palabras, evitar que su defensa ante el Legislativo interfiera con las funciones del organismo, en un momento en que su entorno cercano es señalado por presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano.
Durante la instalación del Pleno de la Judicatura, Godoy comunicó a los vocales y a la ciudadanía que se ausentará para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional. El funcionario calificó las recientes revelaciones y críticas como un «ataque personal» dirigido no solo contra él, sino también contra su familia.
«Acudiré al Parlamento para defenderme con la verdad. Esta licencia busca separar el ámbito institucional del proceso político», afirmó Godoy, enfatizando que su actuación siempre se ha regido bajo el principio de transparencia.
El detonante
Pese a que Godoy enmarca su salida temporal como una medida para proteger la institucionalidad, el anuncio coincide con la filtración de audios que complican seriamente a su «mano derecha», Henry Gaibor, director de la Judicatura en Pichincha.
Las grabaciones, que serán entregadas formalmente a la Fiscalía este martes por el juez Carlos Serrano, sugieren un esquema de presión para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, condenado por lavado de activos en el operativo Euro2024.
La controversia radica en que la defensa técnica de Srdan estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa del actual presidente Godoy.
Nexos
La situación ha reabierto el debate sobre el conflicto de intereses y la independencia judicial en el país. A los audios de Gaibor pidiendo «atención» para el caso del ciudadano serbio, se suma el hecho de que su esposa, Daniela Cajas, se desempeña como secretaria en la misma Unidad Anticorrupción que debía juzgar el caso.
Además, los cuestionamientos hacia Godoy arrastran antecedentes de diciembre pasado, cuando la jueza Nubia Vera denunció haber recibido presiones directas de Godoy y Gaibor para emitir una sentencia en contra de la entonces vicepresidenta Verónica Abad.
Mientras Godoy prepara su defensa política, la atención se desplaza a la Fiscalía General del Estado. Se espera que la entrega de los dispositivos grabados por el juez Serrano brinde claridad sobre si existió un delito de tráfico de influencias orquestado desde la cúpula del Consejo de la Judicatura.
