El pleno de la Asamblea Nacional decidió la censura y destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, así como de los consejeros Victoria Desintonio,
Rosa Chalá y Walter Gómez. Con 84 votos, el Pleno votó por la destitución de los consejeros, quienes ejercieron sus funciones por 60 días. El informe elaborado, en 11 sesiones, por la Comisión de Fiscalización deberá ser remitido a la Fiscalía para que se inicie una investigación penal.
Tras ocho horas de juicio político, los legisladores mantuvieron en firme el acuerdo por la censura de los integrantes de este organismo de control. Los interpelantes fueron los parlamentarios Fabricio Villamar, independiente, y Raúl Tello, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), quienes argumentaron incumplimiento de funciones, falta de probidad del presidente José Tuárez y falsificación de documentos.
El bloque de la Revolución Ciudadana votó en contra de la censura, tras la votación con un cartel que decía “Sepultureros de la Democracia” y un ataúd se pasaron por el Pleno y las afueras del salón. En el debate participaron nueve asambleístas, durante un lapso de dos horas.
Ahora, la Asamblea deberá posesionar a los consejeros alternos de los vocales destituidos, tras el regreso de la vacancia legislativa. Durante su defensa anta la Asamblea, Tuárez aseguró que el proceso que se llevó a cabo en su contra obedece a “intereses políticos”.
Los cuatro consejeros anunciaron que presentarán el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una acción de repetición. Tuárez señaló que no incumplió las funciones que les asigna la ley. “Fuimos elegidos por el pueblo, para defenderlo y para que haya una verdadera participación”.
Sobre las acusaciones de los asambleístas Raúl Tello, Jeannine Cruz y Fabricio Villamar, el titular del Cpccs recalcó que no mintió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para ser candidato, pues cumplió con los requisitos solicitados por el organismo.
“No fui yo quien aprobó la candidatura, fue el CNE quien lo hizo a través de veedurías nacionales e internacionales, mi candidatura fue minuciosa y no incumplí con ninguna norma legal”, subrayó Tuárez al ejercer su defensa.
Rosa Chalá dijo que compareció ante el Pleno no como consejera, “sino como una mujer afrodescendiente y representante de luchas sociales”. “En este juicio se pretende menoscabar mi integridad al no respetar mi elección popular, ¿de qué incumplimiento me acusan?”, cuestionó la consejera y presentó ante el Pleno un documento emitido por la Corte Constitucional que certifica que no cometió ninguna falta a la ley.
“No he incumplido mi deber como consejera, haber preparado una inquietud que revise la designación de la corte y de otros organismos nombrados por el transitorio, no constituye infracción alguna”, puntualizó Chalá.
Victoria Desintonio manifestó que llegó a la Asamblea “juzgada de antemano”, criticó a los legisladores diciéndoles que hicieron la campaña por el Sí en la consulta popular de 2017, y que son ahora ellos quienes coartaron las funciones del Cpccs. La vocal dijo que más allá del juicio político se encuentra el interés de desaparecer al Cpccs.
“Es evidente la consigna del Gobierno y de la mayoría del Legislativo: desprestigiar al Consejo, este contubernio, incluido los medios de comunicación, quiere desprestigiar a la entidad y sus consejeros”.
A Walter Gómez le sorprende la celeridad con la cual la Comisión de Fiscalización llevó el proceso de juicio político, dijo que debido a esta condición se lo dejó en la indefensión, puesto que no se le permitió defenderse en los tiempos establecidos en la ley.
Sobre las causales del juicio político, Gómez indicó que nunca se creó la comisión que revisaría el proceso administrativo para revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional, puesto que en la sesión siguiente, a pedido de conformación de dicho organismo, se retiró la moción.
Calificó al juicio político como “ilegal, ilegítimo e irregular” y aseguró que se trata de una “persecución sistemática”, puesto que se vulneró el proceso. Por su parte, el legislador del BADI, Raúl Tello, acusó a los consejeros de extralimitarse en sus funciones.
“Atentaron contra el principio de seguridad jurídica y la institucionalidad del país, existen claros hechos de probidad notoria de quien preside el Consejo y una afinidad política”, argumentó. (I)