Con base en los elementos probatorios recaudados por la Fiscalía General del Estado, y presentados en la audiencia de juzgamiento, se logró determinar la responsabilidad penal del ciudadano Luis Eduardo D. P., en el delito de femicidio, perpetrado contra su exesposa, y se le impuso una pena privativa de libertad de treinta y cuatro años con ocho meses.
Según lo expuesto durante la audiencia de juicio, el hecho se produjo la mañana del 11 de mayo de 2020, en la isla Santa Cruz (Galápagos) cuando el procesado golpeó a la víctima de 31 años y luego la atacó treinta y tres veces con un destornillador, ocasionándole heridas en la cabeza, pecho y espalda, que produjeron su deceso cuando era trasladada a una casa de salud.
El agresor huyó del lugar de los hechos, pero su identificación fue posible gracias a testigos presenciales. La Fiscalía solicitó una boleta de detención y desplegó, junto con la Policía Nacional, un operativo de ubicación y captura del victimario, quien fue detenido más tarde.
En la audiencia, realizada en la Unidad Judicial Albán Borja, durante la tarde y noche de este lunes 8 de marzo, el fiscal Nelson Vela Andrade presentó 12 testigos –entre peritos, psicólogos, trabajadora social y testigos presenciales–, así como pruebas documentales y periciales, como el protocolo de autopsia, el parte policial y de aprehensión, el informe investigativo, reconocimiento del lugar de los hechos y el acta de evidencias.
#ATENCIÓN | #Galápagos: las pruebas presentadas por #FiscalíaEc fueron determinantes para obtener sentencia de 34 años con 8 meses por femicidio ocurrido en 2019, en la isla #SantaCruz. #FiscalíaConLasVíctimas
Detalles ⬇️https://t.co/ln5w0CBViv pic.twitter.com/So4GCsBPFQ— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 9, 2021
Los jueces Edwin Logroño, Dora Vargas e Isabel León acogieron las pruebas presentadas por Fiscalía e impusieron a Luis Eduardo D. P. la pena privativa de libertad de treinta y cuatro años con ocho meses, una multa de 1.000 salarios básicos unificados y una reparación integral de 50.000 dólares para los familiares de la víctima.
Este caso fue investigado y juzgado con base en lo tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este delito con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, a lo que se suman los agravantes aplicados a la infracción. (I)