LOS RÍOS. Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que endurecen medidas para los menores infractores entraron en vigor el viernes 27 de junio de 2025. El documento, aprobado por la Asamblea con 84 votos, aumenta penas a adolescentes que cometen delitos leves, graves y muy graves, además de la prescripción del delito, la investigación, el internamiento, y cuándo éste cumpla la mayoría de edad.
Un reciente estudio publicado este mes sobre la vinculación de niños, niñas y adolescentes a organizaciones criminales en Ecuador refleja una situación alarmante.
El estudio, elaborado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), con el aval académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el programa de Comunidades Seguras, incluye nueve ciudades costeras del país, entre ellas, el cantón Quevedo.
La investigación, que tuvo dos metodologías, cuantitativa y cualitativa, concluye que, de los 3 mil niños y adolescentes encuestados, el 8 % afirmó pertenecer a una banda delictiva. Más de una quinta parte de los encuestados aseguró que encontró un sentimiento de importancia y respeto. El 11 % mencionó que se unió al bando por su deseo de abandonar su hogar.
Además, el 51 % (5 de cada 10) afirmó que hay presencia de organizaciones criminales en su sector o barrio, exponiéndoles aún más a ser captados por estas bandas. La situación parece poca en estadísticas, pero la realidad es que existe un reclutamiento alarmante de menores a partir de los 10 años, y el problema es más profundo que las leyes, afirmaron estas organizaciones.
Cada vez más se puede observar la integración de menores de edad en estas bandas delictivas, y los delitos atroces a sangre fría que estos pueden cometer. Recientemente, una menor de 14 años fue detenida en Quevedo por estar vinculada al asesinato de la colombiana Noah Ch., que salía de la cárcel el pasado 21 de junio, por la avenida Quito, ciudadela Las Mercedes.
En la cuenta de X de la Policía Nacional ya es común ver cómo adolescentes son capturados con armas de fuego y cartuchos, siendo cómplices o actores directos de delitos como robo, secuestro, extorsiones y hasta homicidios. Roberto Calderón, abogado penalista, manifestó que “estamos viviendo una época de nueva criminalidad”, y que tan sólo enrolarse en bandas delictivas ya es considerado un delito.
¿Qué está pasando?
Luis Fernando Mazón, agente investigador de la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) Distrito Quevedo-Mocache, reveló que mensualmente capturan entre 3 a 4 adolescentes vinculados a delitos como robos de motocicletas y secuestros extorsivos.
Chicos que son aprovechados por los grupos delincuenciales con desinformación como falsas promesas y engaños, ofreciéndoles buena vida, y beneficiándose de su condición económica, que en su mayoría es de un quintil bajo; con esto también coincide el estudio mencionado anteriormente.
La deserción escolar es un problema que sí está vinculado al reclutamiento de bandas. Cuando un niño o adolescente abandona el sistema educativo, este espacio es ocupado por las organizaciones criminales. Así lo confirmó el estudio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, donde revela que 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan en el país.
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El educador contó para ALDIA que han tenido casos porque la unidad educativa está ubicada en una zona que puede influir la violencia y la delincuencia. Sectores y barrios donde el nivel socioeconómico es básico, donde existen faltas de oportunidades, pobreza y poca atención del Estado, reveló el estudio de PADF y OECO.
“En nuestra institución también hemos detectado casos que los hemos clasificado como leves, graves y muy graves. Los leves se los trata en el departamento de inspección, y se soluciona. El segundo caso se trabaja hablando con los representantes a través de citaciones; si el caso no es un proceso, se lo soluciona con acta de compromiso”, manifestó.
Cuando la institución identifica casos muy graves dentro del alumnado, la situación es derivada al DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) del Ministerio de Educación, se realiza un expediente con los antecedentes y evidencias, y se contacta a la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia para que hagan seguimiento al caso en cuanto a su contexto social. La institución seguirá impartiendo clases al estudiante involucrado, “como institución educativa nuestro trabajo llega allí”, afirmó el docente.
“Se arma un plan de contingencia para que el estudiante siga con el aprendizaje, puede ser desde su domicilio vía virtual, o como las diferentes formas que se pueda trabajar, de tal manera que no se interrumpa su proceso educativo”, agregó el docente.
Mazón, de la DINAPEN, informó que han identificado inasistencia de los estudiantes en los centros educativos, y que trabajan con el DECE en esta situación, puesto que también se han visto casos de trata de personas con jovencitas de 15, 16 años. “En el presente año, en el Distrito, de 7 a 10 adolescentes han sido rescatadas de la explotación sexual”, aseguró.
¿Por qué son reclutados?
De acuerdo con el abogado penalista Roberto Calderón, cada vez la sociedad tiene menos empatía por los menores infractores, puesto que están observando que son capaces de realizar cosas atroces.
La captación de los menores tiene que ver con diferentes factores, no es simplemente creer que se levantaron con esa mente de criminal, listos para matar, o realizar otros ilícitos (como la mayoría piensa). Los menores infractores son un problema estructural, y también complejo.
El sociólogo y economista Roberth Párraga considera que existen varios elementos que desencadenan la vulnerabilidad de los jóvenes y su participación en actos delictivos. “Es como un cóctel y su mezcla tiene distintos aspectos”, dijo.
A continuación, estos serían algunos de los factores en los cuales coincidieron Calderón y Párraga:
La pobreza y la falta de oportunidades es un problema que desencadena que niños y adolescentes, con promesas falsas, sean seducidos al mundo del hampa. “Es decir, estos jóvenes en zonas rurales, en zonas donde el Estado llega con pocos servicios, donde no existen muchas opciones de educación, donde existe rotura del núcleo familiar, donde no han podido ellos tener otra oportunidad que ver una narcocultura”, resaltó Calderón.
Y esta pobreza se ve alimentada por la desatención del Gobierno con la educación y todo el frente social. “Hay un fracaso y abandono escolar, hay escuelas que no tienen equipamiento… El abandono escolar, el bajo nivel de acceso a la educación de calidad. Estos elementos alimentan o retroalimentan este proceso de volverlos más vulnerables y tentados a su vez a incluirse en grupos delictivos que les ofrecen aparentemente ciertos beneficios a corto plazo”, dijo Párraga.
Según Párraga, otro aspecto a considerar es el contexto familiar. Familias disfuncionales, padres ausentes, niños abandonados, criados por abuelitos, tíos, los vuelve presas fáciles de los grupos delincuenciales, a su vez alimentado por malas condiciones económicas y por un escaso acceso escolar.
Donde su única influencia cultural, siendo menores en etapa de desarrollo, es una narcocultura viabilizada a través de los medios de comunicación y redes sociales, dicen los dos especialistas.
“Esta narcocultura elogia este tipo de actividades, y por eso los menores son fácilmente reclutados”. Se les presenta una falsa vida llena de lujos, dinero y mujeres, pero la realidad es muy diferente, coinciden Párraga y Calderón.
Y mientras crecen en ese entorno, entra en juego el aspecto psicológico: los jóvenes, en pleno proceso de desarrollo, buscan ser aceptados por su entorno y “al no tener un hogar potente, una educación formal consistente, buscan ese sentido de pertenencia, aceptación que es lo que les ofrecen los grupos delictivos”, afirma Párraga.
Es por eso que estos especialistas indican que endurecer las penas es un “remedio paliativo”, pero no una solución integral, de raíz. “La pena debe tener una consecuencia de tipo psicológico. La pena debe tener la consecuencia que al delincuente le hace pensar dos, tres, cuatro veces antes de cometer el delito, pero esto no ocurre siempre en los adolescentes infractores porque su desarrollo hormonal glandular a nivel cerebral los vuelve impulsivos, se aburren con mucha facilidad, buscan hacer actos extremos, buscan liderazgos a través de este tipo de acciones que no miden las consecuencias”, afirmó Calderón.
Realmente, Párraga pide mirar a un paquete de muchas medidas que traten diversos campos, y así, en largo plazo se podrá superar el problema. “Yo creo que es una medida paliativa (las reformas) para atacar a las consecuencias del problema, pero no se atacan las causas. Mientras no se ataque el problema de manera integral seguiremos teniendo más infractores, más delincuentes juveniles, y niños viéndose tentados a ser parte del mundo del delito”, finalizó.
Por su parte, Calderón dijo que “la idea no es llenar más centros con adolescentes infractores, la idea es siempre prevenir que no cometan delitos y que no sean reclutados por las bandas”, finalizó.
Redacción: Erika Hernández
Colaboración: Xavier Lizano
