Un giro en la política de EE. UU. que ya se siente en Quito y Guayaquil
Desde inicios de 2025 Washington ha endurecido su enfoque: cerró las Oficinas de Movilidad Segura que operaban en la región, desmanteló el programa de parole humanitario CHNV y obtuvo luz verde judicial para ampliar traslados a terceros países bajo acuerdos. Este combo reduce vías legales y acelera expulsiones. Para Ecuador, el impacto es inmediato: más vuelos de deportación, presión fiscal y social en territorios de retorno y un tablero regional más tenso.
Qué cambió en Washington (y por qué afecta a los ecuatorianos)
La clausura de las oficinas de tramitación en América Latina eliminó una válvula que canalizaba solicitudes lejos de la frontera. En paralelo, la anulación del parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que había contribuido a ordenar flujos reforzó el mensaje disuasivo del nuevo ciclo. Además, el marco de expulsiones aceleradas y la habilitación de devoluciones a terceros países bajo acuerdos amplían la caja de herramientas de control fronterizo. En conjunto, todo esto eleva la probabilidad de retornos forzosos de ecuatorianos que no logren sostener solicitudes de asilo u otras defensas.
Flujo migratorio y “efecto embudo” regional
Las restricciones y operativos de Estados Unidos han coincidido con una caída de encuentros en la frontera respecto de los picos de 2023–2024 y con nuevas operaciones de deportación en la ruta. Panamá, con financiamiento y apoyo logístico de EE. UU., comenzó a enviar vuelos con migrantes entre ellos ecuatorianos de regreso a sus países, lo que desplaza el punto de presión hacia el origen en vez de la frontera norteamericana. Para Ecuador, ese “efecto embudo” significa más retornos en menos tiempo y menor margen para absorberlos gradualmente.
Golpe a los bolsillos locales: el riesgo sobre remesas
Las remesas son un pilar macro y social. Solo en el primer trimestre de 2025, Ecuador recibió USD 1.724,3 millones; el 75,6 % provino de Estados Unidos. Si las deportaciones aumentan y la estancia de ecuatorianos en EE. UU. se vuelve más precaria, esos flujos se vuelven más volátiles: pueden subir de forma preventiva (envíos de ahorro ante la incertidumbre) pero caer si hay retornos masivos o pérdida de empleo en destino. La discusión en Washington de gravámenes a las remesas agrava la ansiedad del envío y, de concretarse, encarecería el soporte a hogares en Azuay, Guayas, Pichincha y otras provincias dependientes de esos giros.
Capacidad de acogida: la factura social en Ecuador
Más vuelos de deportación implican picos de demanda en atención inmediata (alojamiento temporal, salud, documentación), reintegración laboral y acompañamiento psicosocial. La Cancillería activó un Plan de Asistencia Emergente para retornados kits, traslados internos, asesoría legal y coordinación interministerial, pero su eficacia dependerá del presupuesto, la coordinación con municipios y la velocidad de llegada de los vuelos. Si los retornos se concentran, la presión recaerá en ciudades receptoras como Guayaquil y Quito.
¿Qué viene? Tres escenarios para monitorear
Si Washington mantiene el ritmo de expulsiones y el cierre de vías regulares, Ecuador enfrentará:
— Volatilidad de remesas y consumo interno, especialmente si avanza un impuesto federal a giros en EE. UU. o se amplían operativos laborales en sectores que emplean a la diáspora ecuatoriana.
— Concentración de retornos con picos logísticos en aeropuertos de ingreso y presión sobre servicios locales, lo que probará el alcance real del plan de asistencia gubernamental.
— Mayor “tercerización” del control en la ruta (Panamá/México), que puede traducirse en traslados exprés y retornos más rápidos, reduciendo el tiempo de preparación para la acogida.
Conclusión
La política de deportaciones de Washington no es un fenómeno aislado: se combina con el cierre de opciones legales y con una externalización regional del control. Para Ecuador, la prioridad es blindar su red de protección al retornado, coordinar protocolos con EE. UU. para que las expulsiones sean ordenadas y documentadas, y amortiguar el shock económico que una merma en remesas provocaría en miles de hogares. Anticipación, datos y diplomacia quirúrgica serán la diferencia entre gestionar el retorno y sufrirlo.
