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miércoles, 29 mayo, 2024

Descubre los secretos de Isla Mocolí: el lugar donde se gestaban las reuniones ilegales de Pablo M. y el Consejo de la Judicatura.

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Las reuniones se realizaban en el barrio lujoso de Isla Mocolí, en Samborondón (Guayas). Mayra S., recuerda ese sitio como el centro de operaciones del exasambleísta Pablo M.
Según el testimonio de la exfuncionaria judicial, en ese lugar se reunía el exlegislador y los miembros del Consejo de la Judicatura.
Mayra S, aseguró que Pablo M., se reunía en su casa con el expresidente de la Judicatura, Wilman T., quien también está detenido por el caso Metástasis.

La mujer le dijo al juez Felipe Córdova que a la casa de Mocolí también llegaban los exvocales de la Judicatura: Maribel B. y Xavier M.
De hecho, Mayra S., indicó que el exasambleísta tenía injerencia en la justicia a través de estos tres personajes. “Él les daba respaldo político”, señaló.

Incluso, Mayra S., indicó que su llegada a la Corte Provincial del Guayas se dio porque Pablo M., le pidió expresamente al expresidente de la Judicatura, Wilman T., que le ayude con su contratación.
En cambio, la mujer dijo que con el vocal Xavier M., el exasambleísta tenía reuniones más periódicas, pues él también tenía en un departamento en Mocolí.

Tanto Xavier M. como el asambleísta Pablo M., fueron detenidos en esa urbanización. La Fiscalía y la Policía tiene rastreado los dos inmuebles. La Fiscalía sigue procesos paralelos a los exvocales Maribel B. y Xavier M por un presunto delito de tráfico de influencias.
Ahora, Pablo M., Wilman T., y Xavier M., permanecen detenidos en la cárcel 4 de Quito.

 

La acusación fue directa. Mayra S., investigada en el caso Metástasis, señaló al exasambleísta Pablo M. como el “único responsable” si algo ocurre con su vida. Lo hizo durante su testimonio en la Corte Nacional de Justicia.

La exfuncionaria judicial habló durante más de una hora bajo juramento y detalló su participación en los hechos que la Fiscalía investiga dentro del caso Metástasis.

Mayra S., indicó en su relato que fue a inicios de 2022 cuando conoció al exlegislador Pablo M., quien también es procesado por el caso Metástasis.

Según la testigo, le presentaron al exasambleísta en su casa de la isla Mocolí, un sector privilegiado de Samborondón (Guayas). Mayra S. dijo que allí, Pablo M. le informó que la iba a contratar para que trabaje en la presidencia de la Corte Provincial del Guayas.

En el relato, la mujer afirma que le dieron una instrucción clara: convertirse en la mano derecha y persona de confianza de Fabiola G., presidenta de la Corte de Guayas de ese entonces.

Mayra S., indicó que el exasambleísta Pablo M., le pidió que le reporte todos los movimientos de Fabiola G.

Por esa labor, el exlegislador le pagaría un sueldo de USD 2.500. Ese salario era cancelado en efectivo en la casa de Mocolí del exasambleísta.

De hecho, Mayra S., indicó que esa casa sería el centro de operaciones de Pablo M.

Mayra S., dijo que el exlegislador tenía injerencia en los jueces de Guayas y que se aprovechó de eso para beneficiarse de fallos judiciales. Uno de estos sería el caso que el exasambleísta le ganó al Banco del Pacífico.

En ese caso señaló que el exlegislador buscó que el proceso recaiga en el despacho del juez Reinaldo C., también indagado por el caso Metástasis.

Según, la testigo este juez falló a favor del exasambleísta a cambio de que lo suba de rango. Como premio, según el relato de la mujer, fue colocado en una sala penal a pesar de que no cumplía con el perfil ni los requisitos.

De esta forma, el exasambleísta se habría beneficiado de cerca de USD 4 millones por parte del Banco del Pacífico.

Pero las acusaciones de la exfruncionaria judicial en contra de Pablo M. no quedaron ahí. La mujer también dio detalles de cómo el exlegislador se benefició de fallos judiciales para apoderarse de terrenos de gran magnitud en Guayas.

El relato de la testigo señala que Pablo M., también tenía injerencia en el Ministerio de Agricultura. Con ayuda de sus conexiones se habría dividido un terreno de 1000 hectáreas que le pertenecía al Estado y que antes fue de los hermanos Isaías.

Según Mayra S. el terreno fue dividido en 10 lotes y luego se entregó a operadores de Pablo M. 

Uno de los operadores del exlegislador, según Mayra S., sería su primo, quien también está detenido por el caso Metástasis. La Fiscalía lo señala como beneficiario de un terreno en Durán valorado en USD 200.000.

En el testimonio, Mayra S., dijo que él tenía cinco cédulas y dos licencias para negociar los terrenos. Incluso, indicó que se apropiaron de una propiedad, cuyo dueño estaba fuera del país. Todo esto se concretaría con una notaria que también era operadora de Pablo M., según la testigo. Por eso, Mayra S., en su testimonio llama al exlegislador como “traficante de tierras”.

Los fallos judiciales también se controlaban con el sistema de sorteos de causas de la Corte Provincial. Según el testimonio de Mayra S., el exlegislador le pidió que ella se encargara de direccionar las causas que le convenía a ciertas salas donde tenía a los jueces de su lado.

Es por esto que la mujer indicó que pasó 15 días analizando cómo era el funcionamiento del sistema de sorteos. Esta actividad la habría realizado con la coordinadora del edificio de la Corte Provincial. Así se habría concretado que el proceso contra el Banco del Pacífico llegue a manos del juez Reinaldo C.

Pero Mayra S., realizaba más trabajos para Pablo M. Ella aceptó que compraba cuentas de twitter que servía para la defensa de ataques en contra del exlegislador.

Según Mayra S., era una especie de troll center que ella activaba para atacar a quienes hablaban mal de Pablo M. Por ejemplo, en esa lista están el abogado del Banco del Pacífico, el periodista Guillermo Lizarzaburo, quien denunció los actos de corrupción de Pablo M. y la exdirectora de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel.

La última habría sido atacada por cortar un contrato de servicios de limpieza en las unidades judiciales. Según Mayra S., el exasambleísta tenía una empresa que mantenía contratos millonarios por la limpieza de las instalaciones judiciales, pero nunca dio el servicio.

La mujer, incluso, dijo que ese mismo servicio otorgaba al Municipio de Guayaquil en la administración de Cynthia Viteri.

Al final de la diligencia, Mayra S. no respondió las preguntas de los abogados.

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