Desde principios de 2025, Ecuador enfrenta una crisis de seguridad de proporciones inéditas. En el primer semestre del año se reportaron 4.619 homicidios, cifra récord para ese periodo y 47 % más que en 2024.
Esta tendencia se agrava aún más si consideramos que, entre enero y julio, los homicidios subieron un 40 % con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando los 5.268 casos, la cifra más alta en una mitad de año de la última década.
En muchos momentos, el país vivió la trágica cotidianidad de “un homicidio cada hora”. Esta situación de colapso, lejos de ceder, marca 2025 como posiblemente el año más violento en la historia reciente del país.
Sólo en Los Ríos, ya superan las 800 muertes violentas hasta agosto 2025. En el 2024 hubo 804 muertes violentas, en el 2023 hubieron 1.001. De no bajar el índice violento se estima que para diciembre de este año llegan 1500 siendo un año fátidico.
El auge del crimen organizado y el desmoronamiento institucional
Ecuador ya no es solo un país de tránsito: ha sido convertido en un centro del narcotráfico gracias a su posición estratégica y a la penetración de redes transnacionales, esto desencadena una guerra territorial repleta de asesinatos masivos y actos brutales.
Esta violencia se ha traducido en un desplazamiento interno masivo: en 2024, Ecuador fue el tercer país de América Latina con más desplazados por violencia, con 101.000 afectados, y casi 49.000 desplazados aún a finales de año.
En barrios como Socio Vivienda, en Guayaquil, escenas de horror como masacres han obligado a familias enteras a abandonar sus hogares, mientras que la militarización no ha logrado contener esta dinámica destructiva.
Mano dura sin rumbo: militarización y derechos humanos bajo asedio
Una de las decisiones más polémicas del gobierno fue la declaración de un “conflicto armado interno” en enero de 2024, lo que desencadenó una fuerte militarización de la seguridad pública.
Las fuerzas armadas asumieron tareas policiales, en operativos incluidos en la llamada “Operación Fénix”. Si bien hubo una reducción inicial en los homicidios según datos oficiales, una caída de hasta 15 % en 2024 respecto a 2023, esa aparente contención fue efímera: la violencia regresó y se intensificó en 2025.
Fragilidad institucional: justicia ineficaz ante el crimen
La respuesta gubernamental ha apostado más a la fuerza que a la reforma institucional. El sistema judicial se encuentra debilitado, con altos niveles de corrupción, impunidad y un Estado incapaz de proteger a fiscales y jueces, varios de los cuales han sido asesinados desde 2022.
El gobierno ha descuidado la creación de cuerpos técnicos de investigación independientes, medidas de protección para operadores de justicia y coordinación efectiva con la policía. En resumen, se priorizó la retórica bélica y la represión, mientras las bases estructurales de la seguridad quedaron intactas y vulnerables.
Daniel Noboa y su responsabilidad política
El deterioro de la seguridad bajo su mandato es innegable. Daniel Noboa se presentó como un salvador ante el crimen, declarando la guerra a las bandas; sin embargo, sus estrategias han fracasado en lograr una pacificación duradera. La militarización ha escalado la violencia; las instituciones siguen colapsadas; la justicia es débil; y el crimen organizado domina territorios y el miedo en la población.
Como presidente, él tiene responsabilidad política directa: no sólo por declarar medidas autoritarias frente a un problema complejo, sino por no acompañarlas con reformas estructurales que generen justicia, prevención, protección ciudadana y reconstrucción social. La actual crisis no es un accidente, sino producto de políticas que han priorizado el espectáculo de fuerza sobre soluciones reales.
Para diciembre 2025 está previsto una nueva con consulta Popular, con varias preguntas que entre ellas la llegada de bases militares, el trabajo por hora en el sectores turístico, eliminación del pondo de promoción electoral, eliminación de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Al final será el soberano el que decida en las urnas.
