Santiago D. A., asambleista de la Revolución Ciudadana, se entregó a las autoridades este 21 de julio de 2025, tras una orden de captura emitida por la Fiscalía General del Estado, que lo investiga por una presunta agresión sexual contra una menor de edad.
El caso ha generado controversia, especialmente por su reciente propuesta legislativa para reducir la edad de consentimiento sexual.
La tarde de este lunes, Santiago D. A., asambleísta de la opositora bancada Revolución Ciudadana (RC5), se presentó ante las autoridades en cumplimiento de una orden de captura en su contra.
La Fiscalía General del Estado lo investiga por un presunto delito de agresión sexual contra una menor, tras la denuncia presentada por el padre de la víctima el pasado 8 de julio.
Desde entonces, el legislador se mantenía en paradero desconocido, intensificando la atención mediática sobre el caso.
El escándalo se agravó debido a un proyecto de ley impulsado por Santiago D. A. cinco días antes de la denuncia. La iniciativa, respaldada por diez legisladores correistas, buscaba reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años.
La propuesta generó un rechazo generalizado y fue archivada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que la calificó como un retroceso en la protección de los derechos de los menores.
La decisión del CAL fue unánime, destacando la necesidad de priorizar la seguridad de las personas menores de edad frente a iniciativas que vulneren sus derechos.
Santiago D. A., quien ocupó altos cargos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, enfrenta ahora un proceso judicial que podría derivar en graves consecuencias legales.
La investigación está en curso, y las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el caso, aunque se espera que en los próximos días se realicen las audiencias correspondientes.
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El caso de Santiago D. A. ha sacudido el ámbito político ecuatoriano, no sólo por la gravedad de las acusaciones en su contra, sino por el impacto de su polémica propuesta legislativa.
La entrega del asambleísta marca un paso clave en la investigación, mientras la sociedad exige justicia y mayor protección para los menores.
