Este martes 7 de junio será el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza

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NACIONAL. – El pleno de la Asamblea se reunirá mañana, 7 de junio de 2022, para el segundo debate previo a la votación para aprobar o declinar la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública que regularía el uso legítimo de la fuerza por parte de las servidoras y servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria.

La normativa regula parámetros de uso de la fuerza frente a la protesta social y en la detención de una persona, así como el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, y el uso de animales adiestrados y medios móviles para el restablecimiento del orden público.

El expresidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien fue el promotor de este proyecto de Ley en su momento, manifestó en un medio de comunicación local, que la normativa es una herramienta legal muy importante que fue elaborada en conjunto con la Fuerza Pública de Seguridad, pero que no es la solución de definitiva.

“Esto va a ser una herramienta, una de las muchas más. El problema de la inseguridad del país, de la provincia tiene muchas otras aristas que también hay que solucionar para poder dar una solución definitiva al problema”.

En el 2020, al Código Orgánico Integral Penal (COIP) le fueron incluidas tres enmiendas referentes al uso progresivo de la fuerza. Una de ellas se refiere a que, cuando un uniformado o una persona que usa la fuerza en legítima defensa, mientras dure el proceso de investigación, no podrá ser detenido.

¿Qué contempla la nueva Ley?

A decir de Litardo, está dividida en algunas fases, por ejemplo, establecer los niveles del uso progresivo de la fuerza y cuando compete o no utilizarla. También permite que en un estado de excepción no solamente la Policía pueda actuar, sino también los otros entes de seguridad a escala nacional o local. “Mejorará la zona de inseguridad en las fronteras y los procesos de controles para el transporte y comercialización de productos”, añadió.

CEPAC

Una vez que la Ley sea aprobada en la votación del segundo debate, el siguiente paso es enviarla al Ejecutivo para la revisión, que tiene 30 días para decidir si veta parcial la misma.

Esta ley ha generado varios cuestionamientos, especialmente aquellos que creen que debería definirse cómo se va a medir para que no exceda el respeto por los derechos humanos. También hay poco conocimiento de parte de la ciudadanía del concepto como tal del uso progresivo de la fuerza. (I)

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