La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra 15 ciudadanos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. El Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva en contra de catorce de ellos y al restante le dispuso medidas alternativas, al haberse justificado que era positivo para Covid-19. Ellos habrían participado en contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán.
Además, dispuso la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, de ceder acciones o cancelar pólizas y la retención de cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.
Trece de los procesados fueron detenidos en un operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea multidisciplinaria de la FGE, en el que –con apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional– se ejecutaron diecisiete allanamientos en Durán y Guayaquil. Los dos restantes se encuentran en calidad de prófugos.
Esta investigación inició con una denuncia, a través de la cual la Fiscalía conoció sobre irregularidades en contrataciones realizadas en el Hospital Básico de Durán, en donde algunos funcionarios habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del Director Médico del Hospital.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso informó que, con la utilización de técnicas especializadas de investigación, se determinó que varios funcionarios de esa casa de salud favorecían a determinadas personas con adjudicaciones.
Entre los principales elementos de convicción presentados para sustentar la acusación fiscal se cuentan: el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que evidencia la conexión en la transferencia de fondos entre los integrantes de la presunta estructura delincuencial. Además, un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), que establece montos de salida de dinero al exterior.
Con estos dos elementos también se estableció que existe correspondencia en el movimiento de fondos desde el Hospital Básico de Durán hasta las cuentas de los procesados, entre ellos el Director Médico de esta casa de salud y su hermano (prófugo).
Fiscalía señaló, además, que Ricardo R., en su calidad de director, facilitó la concurrencia y el cometimiento del hecho delictivo y que los funcionarios públicos procesados ejecutaron los actos a través de la consecución y adjudicación de contratos.
La instrucción fiscal durará noventa días, tiempo en el cual Fiscalía profundizará su investigación.
El tipo penal se encuentra establecido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).