Los grilletes electrónicos se los coloca a los procesados judiciales y permite ubicarlos a través de un monitoreo constante que se realiza en un centro de operaciones. En Ecuador, el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal establece su uso como medida alternativa a la prisión preventiva y queda a potestad del juez disponer su colocación.
Funcionamiento y uso
Los dispositivos tienen un chip con cobertura de telefonía móvil, como el de un celular. Roberto Vaca, director del proyecto de grilletes electrónicos, a finales de septiembre, puntualizó que los dispositivos tienen un chip de celular, por lo que se requiere de una operadora que brinde este servicio.
Jorge Villacreses, experto en seguridad, explica que su señal es emitida a una sala de monitoreo, donde se observa sus movimientos con base en un mapa del territorio nacional. Precisó que la señal puede perderse si no hay cobertura de la operadora celular.
Los dispositivos se usan en casos de violencia de género, arresto domiciliario y también cuando se dispone la prohibición de salida del país.
Compra de los dispositivos
En Ecuador, los dispositivos fueron adquiridos en 2016, por 13 millones 700 mil dólares. El proceso estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, liderado en ese entonces por Ledy Zuñiga, en la presidencia de Rafael Correa. La idea era reducir los costos en la vigilancia de las personas en procesos judiciales.
Los 4 mil dispositivos fueron adquiridos a la empresa estatal china CEIEC enfocada en la cooperación internacional en áreas de seguridad y desarrollo económico. Según su página web tiene experiencia comercial en más de 160 países del mundo.
El contrato de compra detalla que cada grillete electrónico costó mil 58 dólares, que comprende el valor de cada dispositivo que es de 960 dólares más el costo de la licencia permanente de cada unidad, por 98 dólares. Sin embargo, según una publicación del portal Focus Ecuador, los valores internacionales de estos productos están entre los 130 y 135 dólares.
Irregularidades
En un informe de la Contraloría se detalla que existen 7 irregularidades. En el documento, de 62 páginas, se señala que existiría un perjuicio al Estado por 9.5 millones de dólares. Una parte de ese monto, por no cobrar multas a la empresa proveedora.
La Contraloría además señala que la compra de los dispositivos no fue sustentado con estudios. También, que no habría parámetros técnicos para el intercambio de información entre los sistemas del Ministerio de Justicia y del Sistema Integrado de Seguridad Ecu 911. Por todos estos aspectos, el legislador socialcristiano e integrante de la Comisión de Justicia, Luis Fernando Torres, considera que la exministra Ledy Zúñiga debería dar explicaciones.
Caso Alvarado
El 20 de octubre se hizo pública la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien es investigado por el presunto delito de peculado, por las contrataciones para la producción, ejecución y montaje de los enlaces sabatinos entre el 2013 y 2017.
Alvarado tenía colocado un grillete electrónico como medida alternativa a la prisión preventiva que dispuso la jueza Sylvia Sánchez, además de la prohibición de salir del país y presentarse cada 15 días a la Corte Provincial del Guayas. Pese a esto, Alvarado logró sacarse el dispositivo electrónico y ahora es prófugo de la justicia.
Este hecho generó cuestionamientos al uso de grilletes electrónicos en el país. Se reveló que del 28 de septiembre al 13 de octubre se reportaron 241 ocasiones en las que Alvarado se habría despojado del grillete y solamente el 12 de octubre el dispositivo habría sido retirado 48 veces. Sin embargo, esto nunca fue notificado.
En la Asamblea Nacional, se recibieron comparecencias de las autoridades que por sus competencias tendrían responsabilidad en el hecho, entre ellas, el ministro de justicia encargado, Paúl Granda, su antecesora, Rossana Alvarado, el Fiscal General, Paúl Pérez y el secretario de comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena. La exministra Ledy Zúñiga, quien también fue convocada, no asistió.
Las explicaciones de quienes si acudieron no convencieron al pleno de la Legislatura, así lo afirmó la legisladora de Izquierda Democrática Wilma Andrade y el legislador de Creo Luis Pachala. El caso continúa en investigaciones, mientras se desconoce la ubicación de Alvarado.