Nacional. La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó una movilización nacional para el 11 de julio de 2025 en Quito, debido a la aprobación y publicación en el Registro Oficial de la Ley de Integridad Pública, que establece varias reformas que preocupan al gremio.
Esta Ley, enviada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional (AN) el 26 de junio de 2025, ya presenta dos demandas por inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC).
La primera fue presentada por los abogados de las cooperativas de ahorro y crédito, quienes rechazan la decimoprimera disposición transitoria de la Ley, que dispone que las cooperativas de ahorro y crédito se transformen en sociedades anónimas del sector financiero privado, tras una evaluación, especialmente las de mayor tamaño.
La segunda demanda proviene de la UNE, que convoca la movilización. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, manifestó que la Ley atenta contra la estabilidad laboral y la compensación para los funcionarios públicos que se jubilen.
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Quishpe reclamó la inconstitucionalidad del numeral 24 del artículo 6, la disposición reformatoria tercera, y el numeral 3 de la disposición reformatoria decimosexta. Se trata de los derechos a la compensación jubilar, la evaluación a servidores públicos y el endurecimiento de penas para menores infractores.
El dirigente pidió a la CC que deje sin efecto los artículos relacionados con estos temas y declare el tema como prioritario para su tratamiento. Quishpe instó a otros gremios a protestar contra la Ley y sumar acciones legales.
