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sábado, 20 abril, 2024

Llori presenta medidas cautelares contra el pleno de la Asamblea 

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Julio César Obando será el juez ponente del Tribunal de Pichincha que asumirá la medida cautelar interpuesta, la mañana de este lunes, por la presidenta de la Función Legislativa, Guadalupe Llori, en contra del pleno de la Asamblea Nacional. 

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No se conoce exactamente el objetivo de la acción constitucional, pero la misma se presenta en momentos en que al interior del Parlamento se intenta conformar una comisión con la que bloques como UNES, el Partido Social Cristiano y legisladores autodenominados rebeldes buscan que se evalúe a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la presidenta Llori, de los registros de Pachakutik. (PK).

Por sorteo, Olga Ruíz y Mabel Tapia completarían el Tribunal con sede en Iñaquito, ubicado al norte de Quito, que asumirá el conocimiento de la causa ingresada a las 08:42 de este lunes 4 de abril. A los magistrados ya se les habría entregado la demanda original y un anexo de 36 fojas y un CD.

Justamente para este martes 5 de abril, a las 11:00, Llori convocó al pleno de la Asamblea a la sesión 771 en la que se tratarán cuatro puntos específicos: un informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación; el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General; el informe de amnistías prorrogadas remitido por la Comisión de Garantías Constitucionales; y conocer y resolver un memorando remitido por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización.

El viernes último, Llori aseguró que no renunciará a su cargo, pero dejó abierta la posibilidad de dar paso a la conformación de la comisión que se pide desde hace varias semanas atrás.

Según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Fuente: El Universo.

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