Representantes de la nacionalidad Waorani y organizaciones ambientales se presentaron ante la Corte Constitucional en Quito para exigir el cumplimiento del mandato popular que ordena el cierre de los pozos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, denunciando la inacción del Gobierno ecuatoriano.
Este miércoles, líderes de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), junto a activistas ambientales, llegaron a la Corte Constitucional en Quito para demandar el cierre definitivo de los pozos petroleros del Bloque 43-ITT en el Parque Nacional Yasuní. “No venimos a rogar ni a mendigar, exigimos que se cumpla la voluntad del pueblo”, afirmó Juan Bay, presidente de Nawe, en una rueda de prensa frente al tribunal.
La acción responde al incumplimiento del Gobierno de Daniel Noboa en ejecutar el mandato del plebiscito del 20 de agosto de 2023, cuando el 58,95 % de los ecuatorianos votaron por dejar el petróleo del Bloque 43-ITT bajo tierra. Aunque en mayo de 2024 Noboa creó un comité para desmantelar las operaciones y en agosto anunció el cierre del primer pozo de los 247 existentes, las comunidades indígenas denuncian que el proceso está prácticamente paralizado. Según sus reportes, solo diez pozos han sido clausurados, lo que refleja, según ellos, una falta de compromiso por parte de las autoridades.
“Han pasado más de dos años desde la consulta popular y no vemos avances reales. El Gobierno no muestra interés en proteger nuestro territorio”, señaló Nemo Guiquita, dirigente de relaciones internacionales de la Conaie. El Parque Nacional Yasuní, hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, alberga una biodiversidad única con más de 2.000 especies de flora, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces. Además, en la zona operan otros bloques petroleros, como el 16 y el 31, que amenazan este ecosistema.
Los demandantes instaron a la Corte a obligar al Gobierno a cumplir con el cierre progresivo de las operaciones, conforme al plazo de cinco años establecido, y a garantizar la protección del Yasuní, un área clave para la conservación global.
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La lucha de los Waorani y las organizaciones ambientales pone en evidencia la tensión entre los intereses extractivistas y la preservación de uno de los ecosistemas más diversos del planeta. La Corte Constitucional tiene ahora la responsabilidad de pronunciarse y asegurar que se respete la decisión soberana del pueblo ecuatoriano, mientras las comunidades indígenas reafirman su compromiso de defender el Yasuní frente a cualquier dilación.
