El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un nuevo estado de excepción por 60 días en diez de las veinticuatro provincias del país, citando una «grave conmoción interna» debido a las protestas indígenas por el alza del precio del diésel.
El decreto fue emitido la noche del sábado, argumentando que las protestas se han tornado «violentas» y buscan detener la radicalización de las «medidas de hecho».
El estado de excepción abarca las provincias de:
- Pichincha
- Cotopaxi
- Tungurahua
- Chimborazo
- Bolívar
- Cañar
- Azuay
- Orellana
- Sucumbíos
- Pastaza
La medida más relevante es la suspensión del derecho a la libertad de reunión durante las 24 horas del día en estas provincias. Esto limita las aglomeraciones en espacios públicos con el fin de paralizar servicios. Sin embargo, se permitirán las protestas pacíficas que no afecten los derechos de otros ciudadanos.
Justificación de violencia
Noboa justifica la medida al señalar que las manifestaciones han rebasado los límites de la protesta legítima, configurando una grave alteración del orden público. Argumenta que, durante las movilizaciones, policías y militares han sido agredidos e incluso «secuestrados y vejados».
El mandatario también cita las recientes declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, quien advirtió que las protestas podrían radicalizarse al punto de «tomarse Quito» si el Gobierno no atiende sus demandas. Vargas recordó los precedentes de las movilizaciones de 2019 y 2022 que obligaron a gobiernos anteriores a revertir la eliminación de subsidios a combustibles.
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Respuesta a la Corte Constitucional
Esta nueva declaratoria se produce un día después de que la Corte Constitucional anulara el estado de excepción anterior en cinco de las siete provincias donde había sido decretado. La Corte solo mantuvo la constitucionalidad de la medida en Carchi e Imbabura.
Con este decreto, Noboa dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las diez provincias con el objetivo de prevenir la violencia, proteger la vida, la integridad física, la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas.
Las manifestaciones, que se extienden por trece días, han dejado hasta el momento un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos.
