El presidente Daniel Noboa ha extendido por 30 días más el estado de excepción en Quito y siete provincias del país, según lo establece el Decreto Ejecutivo 23, firmado el 10 de junio de 2025.
La medida, justificada por una «grave conmoción interna», busca, según el mandatario, «preservar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos».
Sin embargo, la prórroga llega en un momento de recrudecimiento de la violencia, con Guayaquil sufriendo un nuevo repunte de ataques armados y Quito registrando recientes asesinatos.
Las provincias incluidas en esta renovación son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, además de la capital.
La decisión presidencial se sustenta en informes reservados del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y de las Fuerzas Armadas, que alertan sobre el riesgo de nuevos delitos y respaldan la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
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«La criminalidad organizada ha sido combatida adecuadamente, no obstante, los niveles de violencia aún requieren medidas extraordinarias», señala el documento oficial.
A pesar de esta afirmación, la realidad en las calles muestra un panorama desafiante. En Guayaquil, se reportan al menos siete muertes en distintos hechos de violencia, mientras que en Quito, la preocupación crece ante la persistencia de asesinatos.
El nuevo decreto mantiene las disposiciones del Decreto Ejecutivo 599 del 12 de abril de 2025, lo que significa que el toque de queda seguirá vigente en 22 cantones del país.
Un informe de la Policía Nacional, citado en el decreto, detalla atentados con explosivos registrados entre el 1 de mayo y el 3 de junio por provincia y cantón. Este informe refleja que, a pesar de los esfuerzos estatales, la intensidad del accionar de los grupos ilegales no ha disminuido.
El Gobierno insiste en la necesidad de estas medidas extraordinarias para enfrentar la amenaza criminal. No obstante, los hechos de violencia recientes en las principales ciudades del país sugieren que, a pesar de la continuidad del estado de excepción, la inseguridad y el accionar delictivo continúan siendo un desafío latente para la administración Noboa.
