Durante el fin de semana los operativos y controles ejecutados para inspeccionar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones emitidas por el COE Nacional, tuvieron grandes resultados en el cantón.
El trabajo se enfocó en la zona rural específicamente en parroquias como La Unión, Febres Cordero y Pimocha en sus recintos como La Tranca, El Porvenir, La Carmela entre otros; además de un riguroso trabajo en la cabecera cantonal y sectores como San José y San Agustín.
Su resultado fueron 3 locales clausurados, 4 sanciones por no uso de mascarillas, detenciones, cierre de 4 billares y 2 prostíbulos clandestinos; además sanciones por la realización de eventos como fiestas en algunas viviendas del casco urbano de Babahoyo.
“Estamos dispuestos y brindando ese apoyo continuo al trabajo que viene desplegando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para controlar que se cumplan las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional y evitar contagios por el Covid-19. Existe este mal que aqueja la vida de todos, pero no se cumplen las disposiciones por parte de algunos”, sostuvo Bryan Serrano, director de Gestión de Riesgos de la Municipalidad.
Un trabajo en conjunto entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ATM, Cuerpo de Bomberos, Gobernación, Vía Pública y Justicia y Vigilancia, donde también se decomisaron jabas de cerveza.
“Es lamentable que algunas personas no tomen conciencia por la gravedad de esta pandemia, fiestas en domicilios, prostíbulos, gente sin mascarilla, bebidas alcohólicas etc. Juegan billar como si este virus no les llegase a afectar”, mencionó Ángel Oleas, director del departamento de Justicia y Vigilancia del cabildo fluminense.
Las autoridades municipales reafirmaron que la Municipalidad continuará con su apoyo, para que se cumplan con las disposiciones de acuerdo a la resolución del COE Nacional del 21-04-2021 y el decreto presidencial No. 1291 emitido el 21-04-2021.
De acuerdo a las sanciones, el artículo 282 del código Integral Penal (COIP) establece que el incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. La persona que incumpla, ordenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ellas por la autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena de libertad de uno a tres años.