La Gobernación de Cotopaxi se ha convertido en el centro temporal del poder Ejecutivo de Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa dispusiera, a través de un decreto, el traslado de la sede presidencial a esta provincia andina.
La medida, que busca «estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía», se implementa en un momento de creciente tensión social por el reciente aumento del precio del diésel.
Desde la madrugada de este lunes, un fuerte contingente militar y policial ha militarizado la sede de la Gobernación en Latacunga, con la presencia de vehículos blindados y tanquetas.
Este despliegue de seguridad tiene como objetivo resguardar al presidente y a su equipo de gobierno durante su estancia en la provincia. De manera simultánea, la vicepresidenta María José Pinto despachará desde Otavalo, en la provincia de Imbabura.
La decisión de trasladar el Ejecutivo a Cotopaxi coincide con la eliminación del subsidio al diésel, una medida que elevó el precio del galón de USD 1.80 a USD 2.80.
Esta subida ha generado un profundo descontento en el sector del transporte, que tiene previsto reunirse hoy para evaluar las repercusiones y decidir si convocan a movilizaciones.
El clima social en el país es de expectativa y preocupación. El incremento del costo del diésel ha avivado las críticas hacia el ajuste económico implementado por el gobierno de Noboa, y se anticipan posibles protestas a nivel nacional, similar a las que se han producido en el pasado por decisiones económicas impopulares.
El traslado de la Presidencia a una de las zonas más álgidas y tradicionalmente ligada a los movimientos sociales, se interpreta como una estrategia gubernamental para confrontar directamente esta escalada de protestas.
El gobierno, por su parte, ha justificado el traslado como un acto de cercanía con el pueblo, buscando un acercamiento y un diálogo que, según fuentes oficiales, es necesario en estos momentos de crisis.
Sin embargo, la fuerte presencia militar y policial en Latacunga sugiere una estrategia más enfocada en la seguridad y el control que en el diálogo pacífico.
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