Prisión preventiva para presunta banda delictiva que ingresaba de manera ilegal mercadería al país

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 Fiscalía procesó, la tarde y noche del miércoles 1 de julio, a seis personas, detenidas en los allanamientos ejecutados en Guayaquil y en urbanizaciones de la vía a Samborondón, en coordinación con la Policía Judicial. La presunta organización delictiva utilizaba empresas de courier para ingresar al país mercadería no declarada, aprovechando la emergencia sanitaria que enfrenta el país, promoviendo la venta de insumos médicos en varias ciudades.

Uno de los procesados estaría, además, involucrado en la venta de certificados de discapacidad, por los que presuntamente cobrarían entre 1.000 y 1.300 dólares. Fiscalía investiga por separado este presunto delito, debido a que también formaría parte de otra presunta organización delincuencial y que podría determinar nexos o relaciones con funcionarios del Ministerio de Salud.

La investigación se inició en octubre de 2019. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada (Fedoti), Fernando Bonoso presentó, como elementos de convicción, el nexo y diagrama de los reportes telefónicos de todos los procesados, autorizados por autoridad judicial; los partes de detención y de allanamientos ejecutados a bodegas, locales comerciales y domicilios en Guayaquil y vía Samborondón, los partes policiales de la incautación de los insumos médicos: mascarillas, guantes quirúrgicos, termómetros digitales y vestimenta usada, en la que guardaban estos insumos que eran traídos al país en pacas embaladas para su venta.

El juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías, acogió en parte lo solicitado por Fiscalía y dictó prisión preventiva contra cinco de ellos: Alonso A. L., Álex C. J., David Q. P., Juan A. A. y Fernando S. F.; mientras que, para Luis J. M. resolvió medidas cautelares, como presentación ante autoridad judicial, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico, debido a que el procesado presentó un certificado de ser positivo para Covid-19.

La instrucción fiscal durará noventa días.

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