Por pedido de la Fiscalía de este cantón, quince personas fueron procesadas por el delito de secuestro, luego de que fueran detenidas en la ciudad de Quevedo, en un operativo ejecutado la tarde del lunes 25 de noviembre, por parte de la Policía Nacional, cuando trasladaban a dos personas al cantón Pujilí, donde serían sometidos a la justicia indígena.




El secuestro se habría dado por una presunta deuda que tendrían las víctimas con personas de la comunidad en esta localidad de la Sierra ecuatoriana. Para el efecto, más de treinta personas se habrían movilizado hasta esta localidad.

En audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal Wilson Viteri presentó, como elementos de convicción, el parte policial de los hechos, la denuncia presentada por las víctimas, el acta de cadena de custodia de los vehículos, celulares y otros bienes incautados en la detención y la versión dada por los detenidos.

Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los ciudadanos María Yolanda Ch. C., María Yolanda N. Ch., María Zoila U. Ch., María Elena T. A., María Lucinda H. C., María Rosa Ch. Ch., María Fermina Ch. A., María Rosa T. A., Jose Segundo A. Ch., Kléber Octavio T. T., Juan Manuel U. A., Jose Ángel I. Ch., Cesáreo T. C., Segundo Juan A. Q. y Jose Manuel A. Ch., por ser los presuntos autores directos del secuestro de la pareja de comerciantes.

La medida de prisión preventiva para los procesados fue otorgada por la jueza penal Nery Egas, quien consideró todos los argumentos expuestos por Fiscalía en la diligencia efectuada la tarde y noche del lunes 25 de noviembre, calificando la legalidad de la detención y una vez evaluados los elementos de convicción.

También dispuso de treinta días para el cierre de la instrucción fiscal.

Dato jurídico

Fiscalía procesó a los detenidos con base en lo dispuesto en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): la persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.