Revelan informe final de la Contraloría sobre los contratos del exalcalde Jorge Domínguez

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QUEVEDO. – Lo que se estaba esperando. La Contraloría General del Estado finalmente se pronunció sobre las denuncias presentadas en contra de algunos contratos de la anterior administración de Jorge Domínguez.

La concejala de Quevedo, Kerly García, en una rueda de prensa dio a conocer el informe final de esta entidad pública, la misma que ha revisado 32 contratos donde presumiblemente existirían irregularidades de la anterior administración.

“Hemos venido trabajando desde el 2019 en denuncias presentadas a Contraloría, a pesar de que desde el 2019 no teníamos avance…sin desmayar en nuestras acciones, en el 2021 vino otro delegado provincial de la Contraloría quien aceptó todas las denuncias…”, manifestó la edil.

Caso soterramiento

El soterramiento de la calle 7 de Octubre fue suscrito el 26 de diciembre de 2018 con un plazo de 120 días y con un monto de 2 millones 885 mil 771 dólares.

La Contraloría determinó que el Alcalde de la época adjudicó el contrato sin contar con los estudios completos y la aprobación de los estudios eléctricos por parte de CNEL, tampoco vializó la contratación de un fiscalizador. Es lo que evidencia la Contraloría, según García.

Además, se diagnosticaron falencias de contratación en la ejecución de los trabajos por falta de estudios en redes soterradas y alumbrado público.

“A pesar de que los gabinetes o transformadores ya estén colocados y distribuidos a lo largo de la calle 7 de Octubre no tienen ninguna funcionalidad por la razón de que no se encuentran energizados, de estos equipos no se evidencia ficha técnica ni protocolos de prueba ni fábrica, no estuvieron homologados”, añadió la edil.

Asimismo, los transformadores y gabinetes comprados no eran los requeridos para la ejecución del contrato que se había suscrito para esa obra, por lo que el contratista realizó la planilla sin aprobación del fiscalizador que no se había contratado. Todo esto es lo que habría ocasionado que hasta la fecha la obra esté suspendida y no le brinde a la ciudadanía el servicio esperado.

Caso Regeneración Urbana

Este contrato de regeneración de la avenida 7 de Octubre desde la calle Primera hasta la Décima Cuarta contaba con un plazo de 180 días para su entrega por un monto de 2 millones 509 mil 35 dólares. Suscrito el 10 de octubre de 2017.

La Contraloría determinó que presenta deficiencias constructivas en los rubros ejecutados debido a la metodología implementada por el contratista y la ausencia de controles del fiscalizador del contrato. Lo que provocó el deterioro prematuro de las bancas de madera (las que están colocadas sobre la calle).

Además, se verificó a través del peritaje que los ductos se taponan provocando otras deficiencias constructivas. Tampoco se cumplió con el plazo de la obra y, los directores de obras públicas y encargados no impusieron las multas correspondientes al contratista por el desfase de la entrega.

Por lo que, a decir García, la Contraloría determinó que el monto que tendría que devolver el contratista por perjuicio es de un millón 272 mil 507 dólares.

Caso malecón

Foto Cortesía

La obra de regeneración integral del malecón de Quevedo es otro tema que también había quedado en tela de duda. La regeneración iba desde el Palacio de Cristal hasta la calle Décima Quinta por un monto de 3 millones 679 mil 227 dólares por un plazo de 425 días y fue suscrito el 5 de febrero de 2018, pero existió además un contrato complementario de 292 mil 269 dólares.

El estudio realizado por la Contraloría determinó que el contratista recibió el total de 550 mil 354 dólares, correspondiente al monto del anticipo y tramitó hasta el 20 de febrero 13 planillas por un monto acumulado que dio 2 millones 800 mil dólares, que es pertinente al contrato principal. Determinando que existen pagos sin sustentos.

En este contrato también existió un desfase de 526 días lo que conlleva la aplicación de una multa de 455 mil dólares. Además de otras deficiencias constructivas.

Con este informe de la Contraloría, la concejala se comprometió a realizar la denuncia ante la fiscalía para que se empiece un juicio legal y, además se pueda dar fin a los contratos mencionados.

 Escucha todo el informe aquí :

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