Al finalizar la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura sentenció a Marco S., a 22 años de pena privativa de libertad, por el delito de violación cometido en contra de su hija menor de edad, quien tiene una discapacidad intelectual del 41%.
Este es resultado de la labor investigativa efectuada por la fiscal Jéssica Andrade, quien presentó ante el Tribunal las pruebas que demostraron que el delito se cometió al inicio en Quito y continuó en Urcuquí, pues la familia se trasladó a residir en este lugar y la víctima se encontraba bajo el cuidado de sus padres.
Las pericias médico legales, los testimonios anticipados de la víctima, de la hermana menor -testigo del hecho- y de la tía paterna que fue la única familiar que colaboró en la investigación, son algunos de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, así como las pericias psicológica y de entorno social.
La tía paterna comunicó lo ocurrido a la escuela donde la menor estudiaba -en Urcuquí-, luego la institución educativa emitió una alerta a la Junta Cantonal de Protección de Derechos e inmediatamente la Fiscalía activó los protocolos establecidos para investigar el hecho delictivo, es decir varias instituciones trabajaron articuladamente apenas conocieron el caso.
Desde la etapa de instrucción fiscal, la víctima y sus dos hermanas menores de edad, se encuentran en una casa hogar en Ibarra, pues el Juez dictó la medida emergente de acogimiento institucional, debido a que se detectó la falta de cuidados y problemas de alcoholismo por parte de sus progenitores.