NACIONAL. El debate sobre el aumento de penas a menores infractores, trae sobre la mesa diversos matices sobre las raíces reales de la violencia. A pesar de que muchas personas consideran que una solución inmediata para combatir el crimen organizado en el país es juzgar y condenar como adultos a los menores que cometen delitos graves, juristas académicos coinciden en que el problema va mucho más allá, tiene que ver con la educación, el contexto social y un Estado fallido.
Felipe Rodríguez, abogado, escritor y catedrático, manifestó en un medio nacional que aumentar las penas no es una solución real. “Esto se denomina Derecho Penal Simbólico. Es un placebo social que sirve para ilusionar a las masas amorfas”, afirmó.
Sostuvo que aumentar las penas no disminuye el delito, porque el derecho penal no es “preventivo, sino represivo”. Argumentó que esta reforma es una forma de “irse por las ramas”, y que a los adolescentes se los debe salvar “dándoles educación y oportunidades. Debemos lograr que el mundo formal sea más atractivo que el mundo criminal”.
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También reveló datos preocupantes como que “el 94 % de los presos en Ecuador no tiene educación universitaria, y el 50 % ni siquiera terminó la escuela”. La pobreza, la falta de oportunidades (como el acceso a la educación) y un Estado ausente crean el caldo de cultivo ideal para que el crimen organizado reclute menores, concluyó.
Frente a esta polémica reforma, que se debatirá e incluirá en el proyecto urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, Unicef también expresó su postura.
Unicef Ecuador señaló que la situación de los menores infractores es estructural y requiere un enfoque integral. “Mediante la fuerza, violencia, amenazas o por falta de oportunidades, los niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos delictivos y utilizados para las tareas de mayor riesgo”.
Sin embargo, UNICEF ratificó su apoyo “al Estado y a toda la sociedad para implementar una Estrategia de Prevención de Reclutamiento que garantice los derechos de la niñez y la adolescencia”, en un comunicado emitido el pasado 6 de junio.
Mediante la fuerza, violencia, amenazas o por falta de oportunidades, los niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos delictivos y utilizados para las tareas de mayor riesgo.#UNICEF ratifica su apoyo al Estado y a toda la sociedad para implementar una Estrategia de… pic.twitter.com/nHMzwO8TZZ
— UNICEF Ecuador (@unicefecuador) June 6, 2025
El abogado penalista Pablo Encalada dijo al medio El Comercio que los adolescentes reciben un tratamiento diferenciado en cuanto a las penas porque no tienen una personalidad completamente desarrollada.
En esto coincidió Felipe Rodríguez, quien explicó que “el desarrollo cerebral no se completa hasta aproximadamente los 25 años”, por lo que los adolescentes tienden a tomar “decisiones impulsivas y no siempre logran controlar sus actos”.
Encalada señaló que esta “inmadurez implica una capacidad limitada para comprender plenamente las consecuencias de lo que hacen”. Por eso, se “aplica un régimen paralelo que contempla la privación de libertad, pero con un enfoque distinto al del sistema penal para adultos”, dijo.
También indicó que los adolescentes que son parte de programas de rehabilitación y reinserción muestran mejores resultados que quienes son enviados directamente a una celda. Además, destacó que la mayoría de estos menores proviene “de contextos de violencia familiar y entornos sociales complejos, y que una atención temprana mejora significativamente sus posibilidades de recuperación”.
