Quito. La Ley de Solidaridad Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada el martes 10 de junio en el Registro Oficial, marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
Sin veto del Ejecutivo, la normativa de carácter económico urgente establece medidas fiscales, sociales y de seguridad para desarticular las economías criminales, proteger a la ciudadanía y reactivar las zonas afectadas por la violencia.
La ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, refuerza la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, promoviendo un enfoque integral que aborda tanto las causas como los efectos de la inseguridad.
Entre sus disposiciones destacan incentivos para la reconstrucción social y productiva, atención prioritaria a víctimas del conflicto armado interno y mecanismos para prevenir el reclutamiento de menores por grupos delictivos.
Además, introduce beneficios tributarios, como la deducción de hasta el 30% del impuesto a la renta para empresas que donen equipos a las fuerzas del orden, y establece procedimientos penales especializados para agilizar los casos de crimen organizado.
La Asamblea Nacional subrayó que esta normativa refleja un compromiso unificado frente a la delincuencia. “Es un mensaje claro: no hay lugar para la indiferencia ni las divisiones políticas cuando se trata de la seguridad ciudadana”, afirmó el Legislativo. La ley también fortalece la institucionalidad del Estado mediante una coordinación interinstitucional que busca garantizar respuestas efectivas y sostenidas contra las mafias.
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La entrada en vigor de la Ley de Solidaridad Nacional representa un paso decisivo para enfrentar la crisis de seguridad en Ecuador, integrando medidas económicas y sociales que buscan no solo combatir el crimen, sino también reconstruir el tejido social en las zonas más afectadas, consolidando la unidad nacional frente a esta amenaza.
