La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, criticó duramente la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de rechazar la propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Noboa para implementar la castración química a violadores.
Rovira calificó el fallo como “indignante” y señaló que los jueces equiparan los derechos de los agresores con los de las víctimas, mientras la Secretaría Jurídica de la Presidencia analiza los pasos a seguir.
La Corte Constitucional de Ecuador frenó el jueves la propuesta de reforma parcial a la Constitución presentada por el presidente Daniel Noboa en julio, que buscaba establecer la castración química para personas con sentencia ejecutoriada por violación y crear un registro confidencial de estos delincuentes.
Los magistrados argumentaron que la medida no es idónea para proteger a las víctimas de delitos sexuales, carece de sustento científico que demuestre su eficacia en reducir la reincidencia y no garantiza el derecho a vivir libres de violencia. Además, señalaron que el registro propuesto es “excesivamente indeterminado” por la falta de claridad en su alcance y temporalidad.
La ministra Zaida Rovira expresó su indignación en una entrevista con RTS, criticando el análisis “a la ligera” de los jueces y defendiendo que los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida digna y libre de violencia deben prevalecer sobre los de los violadores. “Es terrible equiparar los derechos de los agresores con los de las víctimas”, afirmó, destacando que la ponderación requiere “sentido común y humanidad”.
La Corte señaló que la castración química, en los términos planteados, implica una restricción injustificada al derecho a la integridad física, por lo que no puede tramitarse mediante una reforma parcial. De haber sido aprobada, la propuesta habría pasado a la Asamblea Nacional para su debate y eventual aprobación. Actualmente, la Secretaría Jurídica de la Presidencia evalúa las acciones a tomar tras el fallo.
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El rechazo de la Corte Constitucional a la propuesta de castración química ha generado un intenso debate en Ecuador, enfrentando la defensa de los derechos de las víctimas con los principios constitucionales.
La decisión de la Presidencia sobre cómo proceder podría marcar el rumbo de futuras iniciativas para combatir la violencia sexual en el país.
