QUEVEDO. Una balacera frente a dos unidades educativas ubicadas en la calle Décima Cuarta, entre Bolívar y Malecón, en el centro de Quevedo, causó terror entre padres de familia y sus hijos. El incidente tuvo lugar al mediodía (12:15 aproximadamente), el 1 de julio de 2025.
El hombre fue trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica, pero el violento hecho sembró el pánico entre los padres de familia de las escuelas, que habían ido a recoger a sus hijos como de costumbre al mediodía.
Un padre que se encontraba en el lugar de los hechos con su hija pequeña relató que todos corrieron hacia los planteles educativos para refugiarse totalmente aterrorizados. “Vi gente corriendo, abrieron la puerta y la gente entró corriendo asustada con sus hijos”, contó el padre.
También dijo que temían por sus hijos y que, con esta inseguridad, sólo podían encomendarse a Dios. “Póngase que hubiera sido a las 12:30, allí ya hay un poco de padres de familia”, dijo a ALDIA, muy preocupado.
Otro padre dijo que la presencia policial debería ser diaria afuera de los centros educativos y exigió más seguridad.
Esto ocurre después de varios acontecimientos que buscan mejorar el contexto de la niñez y la adolescencia, como las reformas de la Ley de Integridad Pública y un plan de acción «Nos Cuidamos» en las unidades educativas.
Menores en peligro
Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado que planea firmar un acuerdo ministerial con el Ministerio de Educación para permitir el ingreso de las fuerzas de seguridad a las unidades educativas donde exista riesgo y violencia. Así lo anunció la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, el lunes 30 de junio.
De acuerdo con Jaramillo, se trata de una estrategia integral diseñada para asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación en un entorno seguro y sin miedo.
«El Ministerio de Educación está planteando un Acuerdo desde el cual se viabilizaría que la fuerza pública pueda ingresar a las instituciones educativas, pero con la salvedad que sea única y exclusivamente si se detecta un riesgo inminente. El acuerdo tendría que especificar esas condiciones», señaló la vocera del Gobierno.
La vida de los menores está en riesgo y hay que salvarla, dicen muchos padres que ahora temen a dónde irán sus hijos o si irán a la escuela o no. Luis Fernando Mazón, agente investigador de la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) en el distrito de Quevedo-Mocache, dijo que cada mes capturan de tres a cuatro adolescentes vinculadas a delitos como robo de motos y secuestro extorsivo. Pero las jóvenes también son captadas para la trata de personas, por lo que exhortó a los padres de familia a estar atentos.
