La Prefectura de Los Ríos hizo pública la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con esta entidad provincial, la que asciende a más de 36 millones de dólares y que se viene acumulando desde el año 2017.
De su lado, el prefecto Johnny Terán Salcedo, manifestó su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno Central, el cual, según dijo, se queda con los recursos que por ley le corresponde a los gobiernos seccionales.
“Siempre se habla como que los gobiernos (de turno) tienen que pagarle a las prefecturas, a los municipios, a las juntas parroquiales. No, no es así. En el reparto de todo lo que ingresa en el país, una proporción es del Gobierno Central y otra, de los gobiernos seccionales”, expresó el prefecto.
Terán explicó que, de acuerdo a la ley, a los gobiernos seccionales les corresponde el 15% de lo que recauda el Estado, pero que el Gobierno Nacional no devuelve ese porcentaje, porque no le alcanza y por su mal manejo evidenciado por años.
“Y a todo esto, como no tiene plata para devolver, porque no le alcanza lo que recibe, se queda con lo de nosotros”, agregó.
Afectación grave
El prefecto de Los Ríos señaló que esta situación afecta gravemente la capacidad financiera de la Prefectura, motivo por el cual se ha visto obligado a suspender varias obras que se venían ejecutando en beneficio de la población riosense.
Entre los rubros adeudados se encuentran:
Competencia por operación de draga (relleno hidráulico) 2013 – 2015, con un valor de $ 2 906 328 98; las competencias por riego y drenaje del período 2018 – 2023, con un valor de $ 17 797 290 17; la deuda FINGAD, con un valor de $ 600 000 00; la devolución de IVA, periodo Febrero a Julio del 2021, con un valor de $ 1 658 412 75; y las asignaciones correspondientes de Octubre 2023 a Enero 2024, con un valor de $ 13 183 202 80. Todo lo cual suma $ 36 183 202 80.
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El prefecto Terán hizo un llamado al régimen para que se busquen soluciones a esta problemática y que los recursos que le pertenecen a los habitantes de esta Provincia, lleguen lo más pronto posible a fin de poder atender sus demandas y mejorar su calidad de vida y que, además se normalice la entrega de las asignaciones que le corresponden a cada gobierno seccional.