Según cifras del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), hasta junio de 2020 existen 861 Infocentros comunitarios; desplegados en 154 parroquias urbanas y en 707 parroquias rurales del Ecuador.
Los Infocentros, ofrecen servicios de internet y capacitaciones gratuita a ciudadanos de sectores rurales y urbanos marginales. Chimborazo es la provincia más beneficiada por este proyecto, cuenta con 71 Infocentros, de las cuales 66 están ubicadas en parroquias rurales.
En segundo lugar, se encuentra Manabí, que tiene 67 Infocentros, de ellas 52 en zonas rurales. En tercer lugar, está Loja que tiene 55 Infocentros, de los mismos 46 están ubicadas en parroquias rurales.
Hasta el primer semestre del año 2020, se han registrado más de 50 mil visitas y 5 millones de capacitados en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Para la atención de los diferentes servicios en los Infocentros, trabajan 1.200 funcionarios, en su mayoría capacitadores.
Además, estos espacios tecnológicos son complemento de más de 5 mil estudiantes de unidades educativas de zonas rurales. La resistencia a desaparecer de los Inforcentros, por causas de recorte de presupuesto y afectación del COVID-19.
No ha sido impedimento para que cientos de ciudadanos de zonas urbanos marginales se capaciten en herramientas TIC y de gobierno electrónico. Así, lo explica Martha Quispe, quien visita el Infocentro de la parroquia Ambatillo de la ciudad de Ambato.
Nos explica, que aprendió a efectuar pagos y trámites a través del internet en instituciones públicas, privadas y educativas. Tras finalizar, su capacitación, decidió inscribirse en el curso TIC Empredimiento, para consolidar su negocio de confección de vestimenta deportiva, con el fin de ser publicitada y comercializada en redes sociales.
En conclusión, un eventual cierre de los Infocentros afectaría a más 4,2 millones de ciudadanos que quedarían sin recibir estos servicios gratuitos en zonas rurales. Además, la suspensión significa la clara intención de regresión de los derechos del buen vivir y la desventaja de ampliación de la brecha digital.