En rueda de prensa, Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, leyó las razones de esta decisión. El anuncio lo dio en compañía del ministro y viceministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos y Xavier Solórzano, respectivamente.
“Presentamos la objeción total al proyecto de Ley. El texto adolece de imprecisiones, errores, y presenta una estructura de salud poco clara en cuanto a competencias y responsabilidades. Carece de una actualización acorde a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana, no responde a las nuevas realidades, más aún a la experiencia que hemos vivido durante la pandemia”, refirió Pesántez.
La autoridad máxima de Salud dijo que el veto al proyecto es integral, y que no responde a una decisión artículo por artículo. Una de las razones para esta observación fue no encontrar en el proyecto la inclusión de temas relacionados con el tratamiento para COVID-19, o estrategias de control epidemiológico. “Con el apoyo de expertos, juristas y profesionales de la salud, analizamos el proyecto en su totalidad y encontramos más de 400 observaciones tanto de fondo como de forma”, explicó.
Aseguró que los tres libros que conforman el COS fueron cuestionados. El primero con el 55%; el segundo con el 44% y el tercero con el 46%, por abundancia de inconsistencias y contradicciones. El ministro Zevallos invitó a los diferentes grupos sociales a trabajar articuladamente en un nuevo proyecto sanitario, cuyo contenido dé un salto cualitativo en materia de salud y plasme las capacidades requeridas para enfrentar nuevas amenazas.
“Este Código imposibilita la práctica médica. Crea 172 sanciones administrativas para los profesionales de la salud, lo cual generaría un altísimo costo en servicios médicos para la ciudadanía, y duplicaría los esfuerzos”, señaló.
Reiteró que el COS no establece atenciones prioritarias para casos de violencia doméstica, diabetes o estrés, enfermedades que durante la pandemia crecieron significativamente en la sociedad. “Ecuador debe emprender un nuevo proceso de construcción colectiva incluyente, técnico-científico, y ser un ejemplo en norma pública de salud a escala internacional”, acotó Zevallos.
De su parte, el viceministro Solórzano destacó las labores sistemáticas ejecutadas en los últimos 30 días, con el apoyo de 170 actores entre médicos, sociedad científica, civil, gremios y empresarios, quienes presentaron las necesidades y demandas de la población.