La Fiscalía del Guayas obtuvo sentencia condenatoria veintinueve años y cuatro meses de prisión por el delito de violación para Franklin Gonzalo R. Ch., quien fue procesado por perpetrar el delito en reiteradas ocasiones, desde el 2017, contra una niña de 10 años. Producto de la agresión sexual, la menor resultó embarazada.
Este caso fue indagado por la fiscal coordinadora de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo Castillo, quien –por el principio del interés superior de la menor– pidió acogimiento institucional para la adolescente que constantemente era intimidada y abusada por el individuo que residía en una vivienda junto a la suya.
“El delito se perpetró con frialdad de parte del procesado, que abusó de la niña y se aprovechó de la vulnerabilidad que tenía la madre, que presentaba deterioro cognitivo (discapacidad), realizando promesas de apoyo y cuidado económico para la menor, y poder así perpetrar su delito”, indicó la fiscal Pinillo.
En la audiencia de juzgamiento, en la Unidad Judicial Albán Borja, Fiscalía presentó nueve testimonios, entre estos el de la víctima (anticipado), de sus familiares y la del procesado, así como la de los peritos médicos, psicólogos y de agentes aprehensores e investigadores.
Entre las pruebas documentales aportadas al proceso constaron la valoración médica y el informe psicológico, que evidenció los rasgos y características de una víctima de violación sistemática (sostenida); así como el de entorno social, reconocimiento del lugar de los hechos y otros.
El Tribunal de Garantías penales del Guayas, integrado por los jueces Juan Valle, Dora Vargas y Carlos Churta, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió la sentencia condenatoria. Además, dispuso medidas de protección para precautelar su integridad, el pago de una multa de 1.500 salarios básicos unificados (600.000 dólares) y de 5.000 dólares como reparación integral.
La conducta procesal del sentenciado se encuadró en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. A esto se sumaron las agravantes del artículo 48, numerales 4 y 9 (si la víctima resulta embarazada y que el procesado la conociera con anterioridad), circunstancias que aumentaron la pena impuesta hasta en un tercio.
Fiscalía inició una investigación previa contra Franklin Gonzalo R. Ch. en abril de 2017, por denuncia presentada por las autoridades del centro educativo donde estudiaba la menor, al percatarse de su situación física y psicológica que atravesaba. El procesado permaneció prófugo hasta abril de 2019, cuando fue detenido por la Policía Nacional, cerca de su domicilio, ubicado en el sector de la Cooperativa Pancho Jácome, en el norte de Guayaquil.